La nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Isela Sánchez Soya, tiene el importante reto de recomponer el organismo, ya que la gestión de su antecesor, Félix Cerezo Vélez, parece haber pasado desapercibida y careció de impacto notable. Su objetivo inmediato será acercarse más a las organizaciones, escuchar a la ciudadanía y ser más activa y eficiente en la defensa de los derechos humanos en el estado.
Más allá de un simple ajuste de cuentas con la administración de Cerezo Vélez, el desafío radica en evitar errores del pasado, rectificar los procedimientos y consolidar una institución fuerte que no deje la ley en letra muerta. Uno de los principales pasos sería darle seguimiento efectivo a las recomendaciones que emite la CDH, asegurándose de que las autoridades responsables ejecuten las medidas correspondientes para que la protección de derechos no quede solo en papel.
Desde el Senado de la República, Cerezo Vélez se destacó al hablar de la cantidad de recomendaciones emitidas durante su gestión; sin embargo, nunca mencionó cuántas de ellas recibieron seguimiento o tuvieron consecuencias reales, ni cuántas autoridades fueron sancionadas o destituidas, entre otros aspectos relevantes que definirían la efectividad de su mandato.
Sánchez Soya también deberá trabajar en la emisión de recomendaciones claras y firmes sobre problemáticas sociales de gran impacto, como los feminicidios y las desapariciones. Aunque esta institución no puede actuar de manera completamente autónoma y depende de una “denuncia” para intervenir, es necesario dar un paso adelante para garantizar los derechos humanos en el estado.
No se trata únicamente de pedir más presupuesto, sino de que, con los recursos actuales, se comience a trabajar con mayor eficacia. Asimismo, es esencial que se mantenga como una dependencia imparcial que acuda de inmediato al lugar de los hechos cuando se presenten denuncias.
Debe establecer su línea de acción claramente y dejar de alinearse con intereses políticos; este sería un gran avance. Además, es vital que los legisladores le otorguen facultades para que sus recomendaciones sean vinculantes y de mayor impacto.