Luego de que iniciara el paro de labores en Audi, las reacciones en defensa del consorcio alemán por parte de las diferentes cámaras empresariales no se hicieron de esperar. De inmediato, comenzó a circular el mensaje de que los trabajadores “deben valorar el esfuerzo de la empresa”.
La Cámara Nacional de la Industria del Transformación (Canacintra) fue la primera en emitir un comunicado donde mostraron su preocupación, al mismo tiempo en el que pidieron se resuelva el conflicto siempre y cuando “exista el compromiso de las dos partes (trabajadores y audi) para llegar a un acuerdo no sólo en beneficio de los trabajadores, sino de Puebla”.
En ese tenor, el consejo Coordinador Empresarial (CCE) también emitió un comunicado en dónde no sólo muestran su preocupación, sino que instan a que se llegué a un acuerdo rápido y así reducir el tiempo de impacto negativo; agrega que la solicitud de los trabajadores de solicitar 15 por ciento carece de fundamento pues excede el rango inflacionario.
Lo mismo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quiénes resaltaron que Audi es la segunda empresa con mejores salarios dentro del ramo automotriz; de igual manera, señala que se había mantenido la estabilidad laboral por una decada, por lo que pide se resuelva el conflicto sin comprometer el crecimiento de la empresa.
Y es que a todos les preocupa lo que está pasando, sin embargo, en ningún momento se retoman todos los beneficios que el morenovallismo les otorgó para que la planta pudiera llegar a Puebla.
Se les olvidó que dicho gobierno comenzó a adquirir tierras que servían para el campo, alguno eran ejidos, y que este fue quién le escritura a la planta y que las vendió a la empresa a un preció 25 por ciento más bajo.
La empresa no tuvo que mover ni un dedo. Las tierras que se le dieron a la planta se encuentran sobre un acuífero natural. En total fueron 460 hectáreas.
Asimismo, se olvidan que la Secretaría de Finanzas asignó una partida de dos mil 15 millones pesos para dar inició a el Proyecto de Inversión bajo la modalidad de Obra Pública Financiada denominado “Construcción de Plataforma para Planta Automotriz en el Municipio de San José Chiapa”.
En total, bajo un esquema público-privado, con inversión de la empresa Evercore, y con aportaciones del gobierno federal del entonces presidente Enrique Peña Nieto, se generó una inversión global por parte del gobierno de 24 mil millones de pesos.
Las plataformas fueron pactadas a pagar en 15 años, culminando con la deuda el 15 de noviembre de 2028, sin embargo, esto se debe a la modificación que la gestión del morevallismo realizó al artículo 15 de la Ley de Fomento Económico que a la letra dice “establece un estímulo a favor de las empresas ya establecidas en el Estado, que se dediquen a la manufactura y ensamble de automóviles”.
Con ello, el costo se la plataforma se ha elevado y quien lo subsidia, gracias a Acción Nacional, es la actual administración con los impuestos de todos los poblanos. Además, claro, de librar a la empresa de pagar impuesto por un periodo de 10 años al municipio de San José Chiapa, así como predial por 15 años e impuestos sobre la nómina por 12 años.
A los privados se les olvida todos los beneficios que la planta logró obtener, que ha elevado sus niveles de ganancia gracias a la productividad de sus trabajadores. Es legitima su preocupación de los empresarios, no obstante, cabe preguntar ¿quién se preocupa por los trabajadores?
