Con apenas cuatro días en el cargo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dejó claro que su administración busca mantener un ritmo de trabajo intenso, incluso durante la temporada decembrina.
Su actividad hasta ahora ha sido constante y variada, destacando compromisos importantes en materia de seguridad, salud y derechos humanos.
El pasado domingo, en su segundo día como gobernador, Armenta entregó 50 patrullas de “alta tecnología” y anunció la entrega de otras 50 apróximamente. Posteriormente, visitó su tierra natal, Acatzingo, donde dio a conocer proyectos como la rehabilitación del hospital local.
En el mismo día, atendió las denuncias de las internas del penal de Ciudad Serdán sobre la falta de atención médica. En lugar de limitarse a prometer una revisión, instruyó a los titulares de Seguridad y Gobernación a verificar la situación en el penal.
Este ritmo recuerda el estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien solía decir que trabajaría como si fueran 12 años en un sexenio. Sin embargo, surge la pregunta: ¿podrán los funcionarios del gabinete de Armenta Mier mantener el paso?
El gobernador ya lanzó una advertencia: aquellos que no cumplan con las metas o actúen fuera de la ley enfrentarán consecuencias. En sus palabras, la política será de “cumplen o cumplen”.
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¿Castración química: un debate en puerta?
El pasado lunes, Alejandro Armenta también confirmó que se realizarán foros ciudadanos para decidir si se aprueba o no la castración química como sanción para agresores sexuales. Según el gobernador, una diputada presentará la iniciativa y se llevará a cabo un parlamento abierto para discutir el tema.
Armenta aclaró que este procedimiento no implica cirugía, sino un tratamiento médico que inhibe la libido. Sin embargo, especialistas en derechos humanos han advertido que esta medida no solo es inviable, sino que también viola derechos fundamentales.
Los expertos argumentan que el problema radica en la cosificación de las mujeres y la cultura de impunidad. Señalan que se necesita una reforma estructural en las fiscalías, como la de Puebla, para garantizar castigos ejemplares y procesos justos.
Sabemos que es un debate complejo porque, como lo dice Armenta Mier, las mujeres que sufrieron de este terrible delito demandan una sanción ejemplar. Por ello, se tiene que tratar también con mucha sensibilidad y claridad.
Fuero para legisladores: ¿blindaje o equilibrio?
Otro tema relevante en la agenda del nuevo gobierno es la propuesta para modificar el fuero de los legisladores poblanos. La iniciativa, presentada por Samuel Aguilar Pala, actual titular de la Secretaría de Gobernación, busca limitar los delitos por los que pueden ser juzgados los titulares de los tres poderes.
Actualmente, la Constitución de Puebla permite juzgar a cualquier autoridad por cualquier delito. Con la reforma propuesta, solo podrían ser procesados por delitos del fuero común, como homicidio, feminicidio, robo, fraude o violencia familiar.
No obstante, la propuesta excluye los delitos federales. Esto significa que en casos como la “operación enjambre”, los funcionarios no podrían ser juzgados ni aprehendidos mientras ocupen el cargo.
Si bien el objetivo es evitar persecuciones políticas, esta reforma también ha generado preocupaciones sobre posibles abusos de poder o impunidad.