Por el delito de tortura para obligar a firmar documentos a una persona detenida el 7 de mayo de 2005, la CDH en Puebla emitió una recomendación a la FGE y el ayuntamiento de Huejotzingo; al organismo autónomo, le pidió iniciar un procedimiento administrativo contra los funcionarios implicados.
De acuerdo con la recomendación 01/2023, los hechos sucedieron hace 18 años, cuando el agraviado se encontraba en el tianguis de Tehuacán, donde vendía ropa. Al lugar, llegaron varios hombres que lo amenazaron con una pistola para sacarlo de ese sitio, lo subieron a un automóvil y se lo llevaron.
En el vehículo, los funcionarios comenzaron a cuestionarlo sobre su presunta participación en un secuestro, de lo cual -dijo la víctima- no tenía conocimiento, por lo que fue golpeado y amenazado. Posteriormente, le pidieron un número de teléfono para comunicarse con algún familiar y él dio el de su hermano, a quien los oficiales llamaron para exigirle 100 mil pesos para dejarlo ir, pero no los tenía y ofreció su camioneta.
Posteriormente, el agraviado fue llevado a un lugar donde fue torturado con electricidad, cortes de uñas hasta sangrarle y asfixiado hasta firmar unos documentos, de los que -hasta el momento- desconoce su contenido.
Al llegar al penal de Huejotzingo, no recibió atención médica, e incluso fueron prisioneros quienes lo ayudaron a curarse con remedios caseros; de todo eso tuvo conocimiento el personal del penal, que tampoco proporcionó apoyo psicológico, pese a que la víctima desarrolló ansiedad, estrés postraumático y depresión.
Ante tales hechos, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) dar vista para iniciar un procedimiento administrativo de investigación contra los funcionarios implicados por presuntos actos de tortura, así como la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en favor del afectado.
En tanto, la persona afectada debe recibir atención psicológica especializada, la cual debe ser independiente al régimen penitenciario al que está sujeta.
Por su parte, el ayuntamiento de Huejotzingo debe iniciar una denuncia contra el personal del penal ubicado en ese municipio que tuvo participación en los hechos, con el fin de determinar si cometió algún delito en agravio de la víctima; así como instruir a dichos servidores públicos a que se abstengan de realizar actos que atenten contra el derecho de seguridad jurídica.
Asimismo, pidió dar vista a la Contraloría Municipal para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación correspondiente.
