El gobierno federal, junto con los de Puebla y Tlaxcala deben realizar un programa de restauración integral ambiental para sanear el río Atoyac, tomando en cuenta a las comunidades en la toma de decisiones, concluyeron investigadores del Conahcyt y organizaciones.
Lo anterior, como parte de las propuestas a las que se llegaron durante el segundo foro regional, diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, que se llevó a cabo entre miércoles y viernes, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la BUAP.
Tras tres días de menas de diálogo, manifestaron que los problemas socio ambientales que se presentan actualmente en el afluente son profundos y complejos, asociado al desarrollo industrial que se ha tenido a lo largo de la región por donde transita el río entre los estados.
Por ello, manifestaron que esta situación ha violentado a las comunidades afectando su salud, sus formas de vida y su bienestar, ya que el grado de devastación socio ambiental en la cuenca exige de una transformación en la forma de pensar el desarrollo para el bienestar social.
Señalaron que es necesaria la participación de todos los sectores y actores de gobierno, empresas, comunidades y la academia en la implementación de estrategias desde una perspectiva integral que abarque la problemática y se ejecuten acciones para contrarrestarla.
Esto, ya que la evidencia científica recabada establece que las altas tasas de incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras consecuencias a la salud y en algunos casos muertes son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región.
Necesario restructura para atención integral
Comentaron que uno de los problemas que se tiene es que el Estado se encuentra fragmentado en su estructura para atender los temas de aire, de agua, de salud y de derechos humanos, sin ser capaz de integrarlo todo en un mismo ente que vigile y supervise todas las acciones que se ejecutan, así sancione a quienes violen la norma.
Además de que se tiene una “enorme dificultad” respecto a la apertura de las instancias de los gobiernos estatales para participar con la sociedad y la academia en espacios en los que se pretende construir de manera conjunta y no sólo dar informes sobre decisiones ya tomadas.
Ante esta situación, comentaron que como parte de las acciones que se debe ejecutar por parte de las autoridades para el saneamiento y atención de los problemas generados sobre la cuenta del Atoyac son la instauración de una contraloría social de salud y medio ambiente mediante el trabajo articulado entre las organizaciones comunitarias de base y los colectivos de investigación e incidencia de los Pronaces.
Lo anterior, para que todo se oriente hacia el establecimiento de un programa de restauración integral ambiental, una agenda de trabajo a nivel comunitario, académico y gubernamental, con el propósito de construir una ruta de acción participativa que trascienda los periodos de gobierno y sea capaz de atender de manera eficaz las graves consecuencias de la contaminación en la región.
Así como se articulen los procesos de investigación en incidencia considerando el contexto socio ecosistémico de la zona y la situación actual de la cuenca como una región de emergencia sanitaria y ambiental; promover el trabajo colectivo, partiendo de la experiencia de las comunidades.
Debe haber un observatorio comunitario
Además de planear y llevar a cabo todas las acciones con las localidades, respetando su visión de integralidad, promover el sostenimiento de la gestión comunitaria del agua, de manera que los comités se fortalezcan en sus capacidades administrativas y en la visión del agua como un bien común.
Se establezca un observatorio comunitario socioambiental que permita tener información periódica de lo que sucede en la cuenca para enfrentar las contingencias y denunciar cuando sea necesario; un sistema permanente de vigilancia epidemiológica específica de la salud de la población en riesgo, con un enfoque integral y adecuar todos los procesos de investigación a las formas y necesidades.
También, que se establezca un plan de acción para atender de manera integral las necesidades de salud de las poblaciones en situación de vulnerabilidad social; se promueva una contraloría social y académica y que se considere al cambio climático como un elemento que agrava la devastación socioambiental.
Además de que los congresos de Puebla y Tlaxcala legislen conforme la situación de la Cuenca como una región de emergencia sanitaria y ambiental, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y su saneamiento, a la participación comunitaria en las deliberaciones y toma de decisiones al respecto.
Quienes participaron en este foro fueron investigadores e integrantes del Conahcyt, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Pastoral de Derechos Humanos, comunidades afectadas de municipios de Tlaxcala y Puebla y la Ibero, el Cupreder de la BUAP y de la UNAM
