En México, existe una crisis de agua, porque la mayoría de los 653 acuíferos que hay están sobreexplotados o contaminados, además de los efectos nocivos de la industria; la Ley General de Aguas busca revertir esta situación y regular concesiones.
Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7 Radio, el senador morenista, Gabriel García Hernández, quien señaló que tenía que emitirse en un plazo de 360 días para emitirla, el cual ya se venció, pero que por una u otra razón no ha avanzado “y solo ha ido y venido” con alguna causa que la frena.
El legislador manifestó que esta nueva ley propone la regulación y el cuidado de los acuíferos, que no se extraiga más agua de lo que ingresa de manera natural, así la previsión del agua que nace en las montañas y baja a través de los ríos, ya que “está en unas cuantas manos” que la comercializan.
Recordó que la normativa que se tiene es la que creó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1992, la cual dio pie a la privatización del ejido con el agua de riego para parcelas, que están en su mayoría están acaparados la mayor parte de los derechos, lo que ocasiona un manejo inconsistente y se evita que de manera recargue y solo se comercializa.
Por ello, sostuvo que es necesario que con la ley se impulse la conformación de las contralorías ciudadanas que contemple instalar la tecnología en los pozos de agua como se hace en los de petróleo para conocer cuántos barriles se extraen, por lo que se tiene que aplicar la “misma rigurosidad” para no llegar a una etapa que sea irrecuperable, lo cual podrían hacer las comunidades y pueblos originarios.
Recordó que tan solo en la zona de la Laguna, en donde hace 2 años estuvo como responsable para llevar agua de las comunidades, en donde el punto de extracción se dio fuera de la zona natural protegida, pero del acuífero, que cada año inyecta 400 millones de metros cúbicos, se extraen anualmente 2 mil millones, es decir, cinco veces más.
Debe evitarse que el agua se comercialice
“Hay que sacar adelante esta Ley General de Aguas, así como se hizo la expropiación petrolera, se pueden revisar los padrones de ejidatarios y productores para reasignar el agua y no la comercialice una mafia, con comités ciudadanos que la vigilen, que no la vendan, que no hagan trasvase y no digan que es de quien la pague”, expresó.
García Hernández comentó que se tiene en el país 653 acuíferos en el país, de los que 195 están con disponibilidad negativa, es decir, se está extrayendo más de lo que se ingresa, lo cual es preocupante y se tiene que “poner freno” porque el agua y la vida se pueden terminar.
Agregó que se tienen 104 que entre más pozos profundos se hacen se puede encontrar agua la instrucción de sustancias como el arsénico, que, si se suma a la contaminación de las industrias, se tendrá una “veloz dirección hacia la crisis total”, por ello se tiene que revisarlos.
Indicó que en 1972 la ley facultaba dar concesiones y en 20 años, es decir hasta 1992, se otorgaron 2 mil títulos, pero de esa fecha al 2020 se entregaron 514 mil entre en 361 mil 600 usuarios lo cual “pudiera ser razonable”, pero solo el 1 por ciento de éstos usufructa la quinta parte del agua país, es decir, 3 mil 300 empresas, con las que se pueden lograr equilibrios.
Comentó que retomo el tema de la nueva ley por la experiencia que adquirió en la región lagunera por el proyecto que impulsó y también porque es de la zona de Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde igual hay escasez, al tiempo de afirmar que “se puede revertir la sobre explotación.
Organizaciones participaron en la iniciativa
Explicó que esta propuesta la está impulsando, pero se conoce como iniciativa ciudadana, en la que participan 170 organizaciones que participaron en cientos de foros y opiniones, expertos, específicos con la agrupación Agua para Todos y se han juntado miles de firmas.
“Hay que tomar cartas en el asunto, no hay que alarmarse ni entrar en caos, pero si lo tenemos que revisar todas las concesiones y si es irregular no debe de ser, se le tiene que retirar y de las que queden vigentes, pues debe haber contralorías ciudadanas que vigilen”, enfatizó.
El senador morenista sostuvo que pugnará porque se apruebe en el Senado y espera que no se tengan negativas o haya quien intente que no pase, ya que al ser donde se origine, ya que también debe pasar por la Cámara de Diputada como revisora y posteriormente la avale.
Aunado a esto, confió en que será también una de las banderas de la campaña de los candidatos de la cuarta transformación en materia del medio ambiente, no solo a la Presidencia de México, sino también a las diputaciones y el Senado.
ERG
