El 13 de diciembre en Mexicali, una mujer mixteca fue detenida luego de que atropellaron a uno de sus hijos en un crucero donde pedía apoyo a automovilistas; tras 48 horas fue liberada por la Fiscalía al considerar que no hubo elementos para ser llevada a proceso.
Cecilia “N” de 28 años fue liberada por la Fiscalía General del Estado de Baja California tras ser acusada de corrupción de menores y omisión de cuidados; mientras que, aunque el peritaje demostró que el conductor fue responsable por atropellar al menor, lo dejaron en libertad.
De acuerdo con un boletín de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a Cecilia «N», se le acusó de persuadir al niño “para solicitar dádivas económicas en un crucero, debido a esto, fue arrollado por un vehículo causándole lesiones severas en pierna izquierda”.
“Por lo que, velando en todo momento por el derecho superior de la niñez, policías municipales le brindaron protección y acompañamiento durante la atención médica especializada, así mismo, se rescató a una bebé de 9 meses de edad”, indicó el DSPM, quien puso al bebé a disposición del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Sin embargo, el fiscal Rafael Cervantes Sánchez informó que no encontraron elementos para acusar a la mujer, puesto que “se tomó la determinación en base a los datos que se recabaron donde se determinó que tienen necesidad y viven en pobreza”.
Protocolo en caso de trata de personas
El Protocolo para el Uso de Procedimientos y Recursos para el Rescate, Asistencia, Atención y Protección de Víctimas de Trata de Personas, establecido desde el 2015, considera como trata de personas “la comercialización de seres humanos con fines de explotación, es decir, enganchar o captar personas para después desarraigarlas de sus lugares de origen y entregarlas a explotadores que utilizaran a las víctimas para obtener dinero o algún beneficio de ellas”.
También establece que, cuando se trata de mujeres o niñas y niños, deben considerarse distintas violencias, sus distintos orígenes, así como consecuencias diferenciadas que llevan a estos grupos a presentar mayor vulnerabilidad ante la trata de personas.
De acuerdo con el protocolo, una mujer indígena que no habla español, y ubicada muy lejos de su lugar de origen, en vez de ser criminalizada, debió ser considerada como posible víctima y activar las investigaciones correspondientes de este protocolo por el probable caso de mendicidad forzada.
