El gobierno federal impugnará la decisión del ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, quien admitió la controversia que interpuso el INE en contra del “plan B” de la reforma electoral y concedió la suspensión total, pues señaló que violenta la Constitución.
Así lo informó, mediante un comunicado, la Consejería Jurídica de Presidencia, donde indicó que “no es normal” que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, pues la misma Carta Magna no lo permite.
“Existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, señaló.
Señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ni siquiera solicitó la suspensión total de la reforma electoral, sino de sólo aquellos puntos que comprometían su operatividad.
“Conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”, acotó.
Destacó que “no es común” la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya anunciado públicamente su determinación, un viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades.
Además, indicó, nunca “había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”.
