Tras señalamientos del presidente Andes Manuel López Obrador contra el Centro Prodh, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa condenaron “los infundios” en contra de la organización civil y exigieron no distraer la entrega de archivos del ejército.
Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en 2014, emitieron un comunicado mediante sus redes sociales donde rechazaron los señalamientos del presidente contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), por la defensa de este caso y el acompañamiento que han brindado a las víctimas.
Esto, luego de que el presidente acusó que el Centro Prodh ha defendido a los familiares de los normalistas al mismo tiempo que a los acusados de haber participado en los crímenes contra los estudiantes; lo que, de acuerdo con López Obrador, llevó a que salieran libres alegando violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, reiteraron que ante ese tipo de estrategias que se han manifestado desde el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que no renunciaran a su legitima exigencia de la aparición con vida de los estudiantes, pero tampoco de que el ejército entregue la información necesaria para ubicar a los normalistas.
“La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas emitida dentro del amparo en revisión número 203/2007 nos dio la razón al evidenciar que la mal llamada verdad histórica estaba construida a base de tortura a los implicados, por lo tanto, era falsa”, explicaron los familiares de los estudiantes.
Por lo que consideraron que “es un despropósito señalar que nuestros abogados hayan solicitado la liberación de los detenidos por el caso Ayotzinapa”, pues “los del Pro han sido pieza fundamental para derribar la verdad histórica”, reiteraron.
Destacaron que los señalamientos realizados por el presidente tienen dos objetivos; el primero es distraer la atención sobre la información que el ejército se ha negado a entregar, y la segunda, intentar dividir al colectivo al aislarlos de las organizaciones sociales y de derechos humanos, como concluyeron en su comunicado.