Pobladores de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, acusaron al alcalde Hugo Salvador Álvarez Rivero, del partido Movimiento Ciudadano (MC), de intentar otorgar permisos ilegales a la inmobiliaria Vinte para la construcción del fraccionamiento Real Bilbao.
La construcción contempla dos mil 600 casas para albergar poco más de 10 mil personas, en una superficie de 115 mil 794 metros cuadrados en tierras de uso agrícola y donde además existe escasez de agua potable. Los vecinos señalan que esa cantidad de pobladores equivale a la mitad de los habitantes de todo el municipio, que es aproximadamente 21 mil.
Armando Leonel Cruz, vecino del lugar, dijo que entre las anomalías que presenta el proyecto de fraccionamiento Real Bilbao está que la Carpeta Básica del Ejido Acayuca, donde se ubica el inmueble, indica que el polígono industrial está ubicado en una zona de suelo agrícola que impida el desarrollo inmobiliario.
Sin embargo, el alcalde pretende otorgar el permiso bajo un supuesto cambio de uso de suelo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal de 2016 “el cual no se encuentra vigente ya que nunca fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo”.
Los representantes del frente ciudadano explicaron que el pasado 13 de septiembre un juzgado federal les otorgó un amparo para impedir la construcción de las viviendas hasta que haya sentencia firme. Sumaron que la Desarrolladora Vinte colocaron un cerco perimetral en el terreno y ya comenzaron a realizar trabajos de aplanamiento del predio ubicado al costado de la carretera federal México-Pachuca.
Añadieron que a lo largo de ese camino han aparecido pequeños fraccionamientos, que “comienzan con caseríos de tres o cuatro viviendas, que poco a poco van aumentando (…) además de que han sido construidas sin contar con los permisos correspondientes por la presidencia municipal”.
Por otro lado, Armando Leonel volvió a explicar que si bien con los cambios constitucionales en materia agraria se permite a los ejidatarios realizar transacciones de compra y venta de terrenos, y la constructora pudo comprar varias propiedades colindantes entre sí, esto no se incluyen las denominadas carreteras.
“La inmobiliaria no puede constituir todos los inmuebles embargados que adquirió como un solo terreno, porque entre ellos hay caminos interparcelarios que no le pertenecen y sobre los cuales no puede construir. Si lo hace, heredará un problema para quienes adquieran las propiedades”, explicó.
Aunque los vecinos obtuvieron un amparo para detener la obra, aseguran que la inmobiliaria amparada por el gobierno municipal realiza obras para allanar el territorio y anuncia en páginas de Internet una inversión total de mil 295 millones de pesos en cinco años.
