Desde el pasado 7 de septiembre, pobladores lacandones exigieron a autoridades estatales y federales proteger a cuatro de sus líderes indígenas lacandones: Chankin Kimbor Chambor I; Pepe Chambor Yuc y Oscar Kimbor Chambor Chanajkin y Chankin Kimbor Chambor II.
Por otro lado, en la zona de la frontera sur (Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral) pobladores denuncian que desde 2021 las comunidades han sido violentadas por parte del crimen organizado con amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes.
Respecto a los activistas, la tarde del pasado miércoles, autoridades federales y estatales se movilizaron y mediante un helicóptero lograron sacar de la región a los cuatro líderes indígenas lacandones y a sus familias quiénes habían sido amenazados por parte del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, no sucede lo mismo en la región de los municipios de la zona centro, se realizan retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de “halconeo” (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual.
Existe una fuerte resistencia en ambas zonas. Recordar que recientemente en el municipio de Nueva Palestina, los habitantes protestaron contra la presencia de crimen organizado y de igual forma lo hicieron los pobladores de Frontera Corozal, el viernes 8 de septiembre pasado.
Colectivos exigen autoridades intervenir para frenar violencia
Colectivos exigen a las autoridades intervenir para frenar violencia; Colectivos como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG) Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) Red Mesoamericana de Educación Popular y Red Alforja, exigen al gobierno federal y estatal un plan integral de atención por parte del Estado que garantice la vida y seguridad de la población.
Pues además de los hechos antes mencionados, ellos tienen registradas a tres mil 500 personas que se desplazarán forzadamente de sus comunidades
Señalan que en la zona hay alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y la Policía Estatal; sin embargo, no hay ninguna persona detenida ni que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades.
Desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto, por lo que mencionan que están viviendo una “guerra” por las detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados.
Por lo tanto, exigen:
- Se realice una investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos de “la guerra” en el municipio de Frontera Comalapa, así como de los mecanismos de control poblacional y del territorio de la Región Frontera por parte de estos grupos de delincuencia organizada, que desde el 2021 mantienen amenazada y sometida a su población.
- El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas.
- Una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo.
- Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
- Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas.
- Que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.
