Las disposiciones legales antinmigrantes y anticonstitucionales de Estados Unidos no sólo afectarán a las personas indocumentadas, sino que también tendrán repercusiones en las y los ciudadanos estadounidenses y en comunidades como la de Florida, advirtió el senador morenista Ricardo Monreal Ávila.
El coordinador parlamentario de Morena señaló que los señalamientos del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a las políticas de México para atender el fenómeno migratorio y combatir a la delincuencia organizada, rebasan la línea de respeto que debe haber entre representantes de Estados soberanos o líderes regionales.
En ese sentido, recordó que el pasado 12 de mayo, el gobernador republicano firmó proyectos de ley que prohíben una moneda digital federal centralizada y la vigilancia gubernamental de las finanzas.
Además, se refirió a la crisis fronteriza y a la política migratoria del presidente Joe Biden; criticó el fin del “Título 42”; y agradeció la decisión de un juez federal que bloqueó temporalmente la política de libertad condicional para migrantes, que Washington había puesto en marcha. También, hizo señalamientos respecto a la falta de control de México sobre el paso de personas que buscan entrar a Estados Unidos, y emitió una opinión negativa en torno a la operación en territorio nacional de los cárteles de las drogas que trafican fentanilo a la Unión Americana.
El legislador aseguró que el gobernador de Florida busca la nominación del Partido Republicano para competir en las elecciones presidenciales de 2024. Por eso, agregó, se ha esforzado en mostrar una visión muy radical del estado de las cosas:
Monreal señaló que la legislación SB 1718 de Florida, firmada esta semana, tiene como justificación combatir los efectos de la inmigración indocumentada, generada por las políticas fronterizas del Gobierno federal.
El coordinador parlamentario de Morena dijo que es la normatividad más severa que haya promulgado un estado en esta materia, por lo que activistas que defienden a personas migrantes señalan que los trabajadores indocumentados tienen miedo de presentarse a laborar o enviar a sus hijas e hijos a las escuelas.
Se estima que hay alrededor de 800 mil personas inmigrantes indocumentadas, que equivalen al 18 por ciento de la población en esa situación y al cuatro por ciento de la población total del estado.
Un cálculo arroja que en 2018, las y los inmigrantes indocumentados en Florida pagaron 1.3 mil millones en tributos federales y 588.3 millones en estatales y locales. Como consumidores, aportan casi 100 mil millones de dólares a la economía del estado.
Por ello, advirtió el senador, analistas consideran que este grupo de disposiciones legales, anticonstitucionales, no sólo afectan a las personas indocumentadas, sino que también tendrá repercusiones en las y los ciudadanos estadounidenses y en las comunidades de Florida.
Respecto al asunto del fentanilo, el gobernador vincula la llegada de inmigrantes con el tráfico de la droga, pero la evidencia, acotó Ricardo Monreal, demuestra que tal aseveración es falsa, pues las y los inmigrantes no trafican drogas, y la mayoría de las personas detenidas por esa actividad son estadounidenses.
