En diciembre de 2022, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de los Estados Unidos Mexicanos expuso ante la Cámara de los Diputados una iniciativa para aprobar la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), que pronto será aprobada.
Esta Ley tiene su asidero legal en varios artículos constitucionales: el tercero fracción V, que plantea: “toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia”; el 25 que dice: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de individuos, grupos y clases sociales” y el 26, inciso A que apunta: “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de planeación, sistematizados en un plan nacional de desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal, incluido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El PND 2019-2024, publicado el 30 de abril de 2019 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de los Diputados, identifica los problemas estructurales nacionales para que, junto con los diversos programas de desarrollo regional y sectorial de que consta el Plan, indaguen y apliquen las posibles soluciones a estos problemas en una proyección sexenal.
Esta Ley adquiere mayor relevancia en el contexto de la nueva división internacional del trabajo que se está gestando a nivel mundial, que deriva de la relocalización de empresas conocido como nearshoring, (https://bit.ly/3KwgLPs) que tiene como fin que las empresas nacionales regresen a su país de origen o que muden sus fábricas a un país cercano. Por la tensión comercial que existe entre Estados Unidos y China, diversas multinacionales arribaron a México desde 2018, con el fin de estar cerca de la principal potencia económica del mundo.
El nearshoring tiene ventajas (mayores empleos, inversiones y crecimiento) y, al mismo tiempo, plantea grandes retos para que nuestro país pluricultural se pueda insertar con éxito en esta nueva división internacional del trabajo, para alcanzar nuestra soberanía científica y tecnológica; ello exige desarrollar formas epistémicas novedosas para fortalecer el goce efectivo del derecho de las personas a la ciencia, la tecnología y a la innovación. Sólo de esta manera, México dejaría de ser un país maquilador de los países industrializados y garantizar otros derechos humanos (alimentación, acceso a información, una relación metabólica armónica entre sociedad-naturaleza), así como el cumplimento de la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, los cuales deben traducirse en un mayor bienestar social de la población más pobre, que es el fin superior del PND 2019-2024, así como de la LGHCTI.
En este contexto hay que ubicar la LGHCTI que está a punto de votarse en la Cámara de los Diputados donde se dirimirá el papel que deberá tener en México el desarrollo humanístico, científico y tecnológico, donde la ciencia sin fines mercantilistas sea capaz de recrear conocimientos, saberes, tecnologías e innovaciones que incidan en la solución de los grandes problemas nacionales otorgándole el mismo peso a las humanidades y a las sociales. Con este propósito, el Estado garantizará la plena libertad de catedra e investigación tutelados ya por la autonomía universitaria, así como el financiamiento público para generar ciencia de frontera que debe de estar vinculada con la satisfacción de necesidades sociales auténticas; igualmente, el Estado deberá de articular los esfuerzos de los actores públicos y privados involucrados en la generación de ciencia y tecnología innovadora, concebida como un derecho humano individual y colectivo.
El derecho colectivo a la ciencia implica que los distintos sectores sociales se apropien y apliquen en la gestión de sus actividades cotidianas, los productos derivados de la ciencia, pero, al mismo tiempo, se reconozcan los diversos razonamientos científicos sistematizados en la pluralidad epistémica, que se han aplicado en el desarrollo de la ciencia, las tecnologías e innovaciones. Estos saberes populares, según Moguel (https://bit.ly/3rI5Sz6) “tienen en muchos sentidos mejores y más finos niveles de comprensión y de ‘apropiación’ de lo real, y se asumen a sí mismos, aunque no sean conceptualizados de esa forma por los actores implicados, como productos de una ‘hermenéutica de la facticidad’. El encadenamiento vinculante entre las prácticas sociales y comunitarias colectivas y su eficacia probada en los procesos de vida y reproductivos locales o regionales obliga a entender la ‘verdad’ como un ‘des-ocultamiento’, pues las prácticas y los saberes que se aplican in situ emergen al mundo y a la mente de los actores implicados como una hermenéutica “de los hechos” y no como un ‘valor aprendido’ a través de algún medio escolarizado”.
La incidencia de la ciencia, tecnología e innovación está directamente relacionada con los 10 Programas Nacionales Estratégicos (ProNacEs) diseñados por el Conacyt, concebidos como instrumentos de política pública que tienen como “objetivo general promover y apoyar esfuerzos organizados de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación orientados a diagnosticar, prospectar y proponer a las autoridades competentes, acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas que, por su importancia estratégica, gravedad o urgencia, requieran de una gestión articulada y de respuestas integrales, profundas y amplias, sobre la base de agendas temáticas en materia de salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, seguridad humana, sistemas socioecológicos, energía y cambio climático, incluida transición energética, entre otras que resulten pertinentes. que articula esfuerzos de investigación sobre problemáticas nacionales concretas” (https://bit.ly/41wyKfN).
“Estos Pronaces pretenden constituir andamiajes para la colaboración y la convergencia de las comunidades académica y tecnológica, los cuales permitan el uso más eficaz y eficiente de los recursos públicos en beneficio de la población y el ambiente; el objetivo es que conduzcan a una mayor independencia en la atención de los retos nacionales. Estas prioridades estratégicas nacionales tienen coincidencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU en la Agenda 2030, así como por el Plan Nacional de Desarrollo proyectado por el gobierno federal” (https://bit.ly/3L5dN6d).
El nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) que pronto sustituirá al viejo Conacyt, tiene muchas ventajas. Resaltaría una: la articulación que debe de existir entre el conocimiento de la realidad y su transformación mediante la incidencia de los productos generados por la tecnología y la innovación. Sólo en este contexto adquiere relevancia el circuito humanidades-ciencia-tecnología-innovación.
Palabras agudas
Parafraseando al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “los trabajadores pagamos los salarios de los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pero estos en lugar de defender nuestros derechos laborales, protege los intereses de los patrones”. Ante esta situación anómala pregunto: ¡Hasta cuando señor gobernador Sergio Salomón Céspedes va a permitir que la corrupción siga campeando en la JLCA, sobre todo de la Junta Especial número 5! ¡Quien es el miembro de su gabinete que les brinda protección a estos corruptos!
asdasdasdasdasda asdasdasd
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
