Prevención de adicciones

Si los argumentos que vertiera Marx Arriaga parecieran convincentes, tanto en lo normativo como en lo financiero, el diferendo con diversos actores de la sociedad civil que lo cuestionarían, estribaría -pecata minuta- en un pequeño detalle, Gracia: los contenidos que, con independencia de la nueva propuesta educativa, se entregarían al estudiantado bajo el formato de libro de texto único por grado académico. Tema en el que se centrarían muchas de las críticas que recibiría, quien pretendiera -según cuentan las malas lenguas- adoctrinar a los estudiantes en los principios que emanarían del nuevo modelo económico, político y social; pero,a eso dedicaría otra carta dado el conflicto México-EE. UU derivado del tránsito, producción y distribución del fentanilo, substancia que generaría un programa emergente para los próximos meses hasta la conclusión del ciclo escolar 2022-2023.

El domingo 12 de marzo, Laura Poy Solano, analista de temas educativos del periódico La Jornada, alertaría sobre un tema de coyuntura que pronto se convertiría en programa institucional como ya se adelantaría Gracia: “Combate al fentanilo desde las aulas: SEP”. Aunque en la lectura de las entrevistas que presentaría, alguno de los docentes señalaría la inexistencia del consumo demetanfetaminasen su comunidad escolar y destacaría temas que les quitan más el tiempo como podría ser el de la violencia y los enfrentamientos -pactados- que se dan entre grupos de adolescentes tanto en la escuela como fuera de ella, cuestión premonitoria que adelantaría la muerte de una niña, víctima de acoso y violencia en la escuela, producto de la golpiza que le propinara una de sus compañeras en un encuentro convenido. La noticia publicada por La Jornada, antecedería por dos días al “Boletín 46 Presenta SEP Estrategia en el Aula Prevención de Adicciones ante autoridades educativas estatales”; documento publicado el 14 de marzo en el Blog de la dependencia.

Si bien, en el Boletín SEP se mencionaría al fentanilo en una sola ocasión resaltado la adopción de medidas preventivas para inhibir su consumo, orientando el diseño de la estrategia a la adquisición de habilidades y destrezas para la prevención de adicciones en 11 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato. La numeralia del universo objetivo utilizada por las dos fuentes coincidiría, en secundaria, verbigracia: ambas mencionarían la misma matrícula (más de 6.3 millones de estudiantes), el mismo número de docentes (más de 405 mil) y el mismo número de escuelas (40 963). La publicación institucional agregaría los datos de bachillerato: 5 230 000 alumnos, 419 000 docentes y 21 346 planteles. Cifras que, salvo en el número de alumnos mencionado líneas arriba (secundaria), coincidirían con los publicados en Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2021-2022, y en donde el total de alumnos ascendería a 6 305 013 en secundaria. En la educación media superior serían idénticos a ya los mencionados.

La estrategia pronto adquiriría forma y giraría instrucciones. El Boletín participaría la reciente presentación del Programa ante la Conaedu; organismo integrado por los titulares de los despachos educativos de cada una de las entidades, incluida la CDMX. Ante ellas y ellos, la titular de la oficina educativa federal habría proclamado -según señala la fuente-la “Estrategia en el Aula Prevención de Adicciones para inhibir el consumo de sustancias adictivas entre estudiantes de secundaria y nivel Medio Superior de escuelas públicas y privadas” y que partiría de su presentación ante la sesión del Consejo Técnico Escolar que se realizaría el 31 de marzo de 2023. Lo anterior, haría suponer que maestras, maestros, personal directivo y de supervisión y partiendo de éstos últimos, lo tendrían en sus manos sin importar que se realizarían “ajustes a los contenidos, de las asignaturas: “Formación Cívica y Ética, Biología, Vida Saludable [y] Ciencias- con base en las observaciones de las autoridades educativas estatales”; acción que vendría acompañada de la producción de diversos materiales educativos “para que a partir del lunes 17 de abril inicie su implementación formal”, y en la que el personal docente dispondría de una “guía para docentes con información y características de las distintas sustancias tóxicas”, que socializarían con los estudiantes de educación secundaria y media superior”, en sesiones de entre 15 y 20 minutos diarios. Valdría la pena resaltar que los ajustes a los programas mencionados por la publicación se realizarían en el periodo de vacaciones de verano -con el concurso del personal idóneo- que provocarían caras largas en más de una o uno de los que resultaren agraciados.

La importancia coyuntural que las autoridades educativas darían a este programa se vería sustentado en información publicada en el Comunicado de Prensa Núm. 358/21 del 25 de junio del 2021, en donde el INEGIseñalaría que entre 2017 y 2019, habría un incremento “en las tasas de delitos relacionados con drogas […] cuyo registro se duplico al pasar de 58.4 a 103 delitos por cada 100 000 habitantes de 18 años y más“, y en ellos -interpretando sus gráficas- en 1 caso de cada 3 involucraría a un adolescente. Otras informaciones de fácil acceso señalarían que el uso de algunas sustancias tóxicas -incluidas las drogas legalizadas- iniciaría alrededor de los 10 años de edad, momento en la que tan solo un 0.2 por ciento de las y los menores se verían involucrados; situación que se agravaría entre las y los menores de 15 o 16 años de edad, en la que 1 de cada 3 consumiría alguna sustancia de riesgo ocasionalmente, cuestión que variaría tras cumplir 18 años de edad en la que 2 de cada 3 adolescentes lo haría de manera regular.

Si bien la medida preventiva se adoptaría tras un diferendo binacional, vendría como anillo al dedo para que las instituciones educativas se convirtieran en un dique, desde el que se podría frenar el consumo de sustancias adictivas y “que de paso” podría ayudar a combatir el acoso y la violencia escolar, arraigadas en todas las escuelas y que reflejan las condiciones en las que vive México.