Cartas a Gracia
Apreciada Gracia:
La suspensión de actividades realizada por maestras y maestros del Estado de México se alargaría al menos hasta el lunes 3 de julio; día en el que llegarían hasta el zócalo de la Ciudad de México. Los motivos subyacentes de este movimiento, que afectaría a cientos de miles de personas en la Cdmx, podrían estar relacionados con una disputa al interior del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México con el objetivo de lograr la renuncia de Marco Aurelio Carbajal Leyva a la secretaría general de la organización (Periódico Digital Regenerando, 30 de julio). Adicionalmente, buscarían asegurar el pago de una prestación que podría complicarse por ser obligación de la administración de Alfredo del Mazo en retirada, y por la asunción de Delfina Gómez Álvarez a la titularidad del ejecutivo estatal, quien sería postulada en su momento por el Movimiento de Regeneración Nacional. Aunque no podría pasar por alto la sobreexplotación del trabajo a la que autoridades educativas federales y estatales, someterían -a juicio de una docente- a maestras y maestros con la complicidad de las organizaciones gremiales; cuestión que jugaría un papel muy importante en este contexto.
Las quejas expresadas en Facebook por una Docente y que estallaría por la falta de pago de una prestación otorgada con claras connotaciones políticas “Asistencia a Actos Cívicos en día Festivo” (Periódico Digital citado), resumiría el punto de vista de alguien posiblemente contratado con un nombramiento que ampararía una plaza inicial de 20 horas semana-mes en preescolar y primaria, o equivalente en media básica y/o superior. A las y los docentes de primaria, desde tiempos remotos, se les habría exigido trabajar una hora adicional por jornada sin recibir remuneración por las 200 horas extras laboradas al año, únicamente por este motivo. La maestra reclamaría tal vez añorando una prestación que por su juventud no disfrutaría y que se autorizaría, en su momento “por usos y costumbres”, consistente en un tercer periodo de vacaciones que se extendería por poco más de 2 meses (entre finales de junio, julio y agosto). Durante ese lapso, muchos profesoras y profesores “aprovecharían” para realizar estudios de educación superior, equivalentes a una maestría, a través de cursos intensivos impartidos en escuelas normales públicas y/o privadas con autorización oficial de estudios.
Por ese motivo, florecerían por muchos años comercios en ciudades como el entonces Distrito Federal, Xalapa, Puebla, entre otras, y en las que las vacaciones de verano se convertirían en un hito; sin embargo, gradualmente estas vacaciones serían sustituidas por un receso escolar que duraría un máximo de 20 días hábiles, durante el cual maestras y maestros deberían estar disponibles para cumplir con “los requerimientos del servicio”. Las vacaciones correspondientes a primavera e invierno se ajustarían a 10 días hábiles, a los cuales se agregarían los días festivos de diciembre y enero de cada año. Sin duda, la última reforma ampliaría algunos días al segundo periodo.
La docente puntillosa pondría el dedo en la llaga y protestaría porque los mandos medios y superiores les asignarían “más trabajo administrativo”. Y aunque no lo mencionaría explícitamente, para muestra bastarían algunos botones; por ejemplo, el que se derivaría de las instrucciones giradas a cada maestra y maestro y por las que diariamente tendrían que recibir, llenar y enviar los reportes por Covid 19 (por cada alumna y alumno contagiado) y que, si bien les iría, estarían archivados en la nube; además deberían -al margen de su contrato- “elaborar un plan de acompañamiento para el trabajo a distancia, virtual y en línea las cuales deben estar apegadas al contexto de los estudiantes; asimismo, adecuación de los programas de estudios para el trabajo en las diferentes modalidades, las cuales, cambiarían constantemente; diseño de actividades para los alumnos en las diferentes modalidades (distancia, virtual y en línea); revisar las tareas de manera física o a través de las plataformas que se establecieran en el plan de acompañamiento; diseño de estrategias para motivar a los alumnos a cumplir con sus actividades en tiempo y forma, así como la asistencia virtual; diseñar planes de regularización para los alumnos con rezago educativo; brindar asesorías individuales y/o grupales cuando las y los alumnos lo requirieran; diseñar estrategias para motivar a los alumnos a mantener sus cámaras encendidas y sostener una interacción durante las sesiones en línea; elaborar reportes de actividades del rendimiento escolar de los alumnos; acompañamiento psicológico para la integración social”, lo mismo que se les ocurriera en el camino. Valdría la pena recordar que Esteban Moctezuma, ex titular del despacho educativo, habría prometido que maestras y maestros serían liberados de la carga burocrática que requiere tiempo y esfuerzo adicional.
Otra de las brillantes ocurrencias de las AE, como las ya enumeradas, sería obligar a las y los maestros a ofrecer “la atención socioemocional [tanto a los] alumnos, como a padres de familia y docentes” y a ellas y ellos mismos. Estas actividades se considerarían propias de profesionales de la salud y la docente puntillosa señalaría que estarían fuera de sus funciones, pero inmersas en el “ejercicio de su apostolado”. Las quejas no se detendrían ahí; la maestra hiparía por las plataformas que se verían obligadas a utilizar -sin especificar si se referiría a Meet, una aplicación de Google- fundamental en tiempos de pandemia que bajo convenio con la SEP, se utilizaría para facilitar el trabajo a distancia y que las y los docentes y el alumnado utilizarían con recursos propios, o a la vilipendiada plataforma Venus de Usicamm, que se saturaría constantemente y que cuando se necesitaría, no permitía el acceso a pesar de intentarlo durante días; independientemente de carecer de señal y computadoras en al menos de la mitad de las escuelas del país.
La docente señalaría que aunque nunca se les obligaría, desembolsarían una cierta cantidad de dinero de su propio bolsillo para “celebraciones”, a diferencia de las cuotas obligatorias que impondrían las asociaciones de padres de familia (en complicidad con personal directivo y docente) como condicionante para lograr una inscripción o reinscripción en la escuela; “costumbre” que no cambiaría a pesar de que una de cada dos escuelas de educación obligatoria recibiría recursos del Programa la Escuela es Nuestra. Arremetería señalando que deberían llevar a la escuela por cuenta propia “computadora, cañón, bocina y demás cosas que necesitemos en nuestras clases didácticas, innovadoras y de impacto” y todo “para que no nos paguen completo en tiempo y forma”. Reclamos que no justificarían las afectaciones que agraviarían a terceros y quienes, por diversas razones, soportarían las medidas de presión que ejercerían diversos grupos y con cualquier pretexto para que las autoridades cumplieran con sus responsabilidades, Gracia.
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