Cartas a Gracia
“Las escuelas, por lo tanto, serían los nuevos seminarios
donde se forjarían los apóstoles del credo marxista”.
J. Jesús Ávila Ávila (pág. 16 opus cit.)
A la confrontación armada a la que se referirían algunas líneas de la carta enviada la semana pasada y en la que se aludiría tanto al movimiento social conocido como “la cristiada”, lo mismo que al asesinato -durante la época de Lázaro Cárdenas- de quienes más adelante serían reconocidos como los maestros mártires de Teziutlán, Gracia, se sumaría una nueva etapa violencia en torno a las escuelas, alharaca que trascendería a varios periódicos, como El Universal y Excélsior; medios de comunicación que publicaban editoriales en los que se cuestionaba el cambio de “doctrina en la educación”, que podría producir “una agresiva irreligiosidad y era contraria a las garantías de la Constitución [aludiendo] a la libertad de creencias, el derecho a propiedad privada […]”. Alfonso Junco estimaría, señalaría Meneses et all, (Tendencias Educativas en México 1934-1964 p. 196) que en una sociedad “libre como la mexicana, los padres debían tener el derecho de educar a sus hijos según su propia conciencia”. Los cuestionamientos a la reforma se harían también desde el punto de vista jurídico, defendiendo a las libertades individuales y cuestionando el socialismo a la mexicana; concepto a partir del cual, el Partido Nacional Revolucionario, pretendería generar un cambio de paradigma social basado “en la socialización progresiva de los medios de producción”.
En un parágrafo del artículo de Diego Labra “¿Escuela Socialista o Escuela Reformista? Una lectura de la Educación Socialista a partir de su lugar dentro del gobierno cardenista y la revolución mexicana”, en su página 235, señalaría que en esta etapa de la vida nacional “no solo se paralizaron las actividades educativas, sino [que] enfrentaron a núcleos cristeros con campesinos cardenistas provistos de poder de fuego por el Estado”. Labra agregaría que “los inspectores de la SEP describían un panorama desolador”, similar y eso no lo dice el autor de la nota, a un estado de barbarie, que vendría acompañado por acciones -en ciudades como Aguascalientes- de desobediencia civil.
La disputa ideológica entre el gobierno de la república -tutor de la educación nacional pública a partir de 1917- y de quienes preconizarían el derecho natural y la responsabilidad de madres y padres de familia para elegir la opción educativa que recibirían sus “hijos” -no se estilaba el uso del lenguaje de género- tendría otra oportunidad de manifestarse en torno a los libros de texto gratuitos. Un artículo de J. Jesús Ávila Ávila “¡En Manos Libres, siempre libros!” sintetizaría de manera muy clara el conflicto de referencia. Entuerto que iniciaría con la creación de la Comisión Nacional de Texto Gratuito (12-02-1962) cuyo sustento radicaría en la gratuidad de la enseñanza “que solo sería plena cuando los educandos recibieran, a la par con las enseñanzas magisteriales -sin costo alguno para ellos- los libros que les fueran indispensables para sus estudios y tareas”. El autor de la nota aludiría, coincidencias de por medio solo que con 65 años de diferencia, a los mismos argumentos que esgrimiría Marx Arriaga en su disputa por publicar (CONALITEG), por primera vez, libros de texto gratuito para secundaria. Ávila resaltaría el alto costo de los libros editados de manera privada que hacía imposible su adquisición por el estudiantado y que impresos por el gobierno se abaratarían, cuestión que posibilitaría su distribución gratuita y que a diferencia de los privados no buscarían ni el lucro ni la ganancia desmedida.
Ávila relataría de manera muy amena la confrontación que en 1962 se suscitaría en Monterrey, Nuevo León, y cuyos actores serían, por un lado, el gobierno federal encabezado por el entonces titular del ejecutivo federal Adolfo López Mateos, auxiliado en la cartera de educación por Jaime Torres Bodet y Martín Luis Guzmán en la CNLTG, y por el otro, la añeja Unión Nacional de Padres de Familia (1907) “auspiciada por grandes empresarios y autoridades eclesiásticas”. El enfrentamiento epistolar, verbal y mediático culminaría en dos manifestaciones; una a cargo de la comisión nacional organizadora de la UNPF, que habría convocado a 300 mil asistentes de acuerdo a los convocantes y una progubernamental -de desagravio- a la que asistirían 150 mil simpatizantes del gobierno. Un párrafo del artículo ilustraría la respuesta dada por el titular del despacho educativo a quienes se oponían al libro de texto gratuito y quienes argumentarían -señala el autor- que al ser obligatorio era por lo tanto ilegal. “Torres Bodet se manifestó sorprendido de que durante años el carácter obligatorio de los textos comerciales autorizados oficialmente no haya suscitado la misma crítica”. Destacarían Gracia, dos coincidencias más entre el modelo de 11 años que pretendería empoderar el gobierno de López Mateos y la Nueva Escuela Mexicana de López Obrador: el cambio de asignatura a áreas y la “formación moral del futuro ciudadano”.
Los enfrentamientos previos al actual entre los dos actores mencionados continuarían Gracia, y para ilustrar solo se mencionarían algunos ejemplos como la quema de libros de texto gratuito de la materia Biología en Guanajuato y bajo la administración de Calderón Hinojosa (Periódico La Jornada, Lunes 5 de octubre de 2009, p. 32); las derivadas de los “errores que son horrores” y que bajo la administración de Peña Nieto diera origen a una nueva protesta de la UNPF o la provocada recientemente por incorporar al nuevo modelo pedagógico institucional, la enseñanza sexual integral, proyecto emanado de la UNESCO y que sería repudiado por madres y padres de familia descontentos.
La confrontación seguiría y solo se transformaría, no obstante, las críticas -implícitas- emanadas de una entrevista que realizaría recientemente La Jornada a Gabriel Cámara, Director General de Conafe, quien señalaría la falta de apropiación, por parte de maestras y maestros, de un proyecto que se haría desde el escritorio; si bien -comentario al margen de la entrevista- de que las encargadas del despacho educativo y del director general de Conaliteg, presumieran la realización de 32 reuniones de análisis con docentes y que a pesar de ellas, la juez de justicia administrativa -que otorgaría la suspensión definitiva- dictaría su resolución basada en cuestiones de procedimiento, entre ellas la falta consulta con autoridades educativas locales. Tal pareciera Gracia que, como la materia, las confrontaciones solo se transformarían, dado que la SEP anunciaría tanto el acatamiento del fallo como el uso de un recurso para combatirlo.
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