Cartas a Gracia
La carta que hoy recibes Gracia iniciaría con una reflexión que César Arellano, Laura Poy y Lilian Hernández, analistas del periódico La Jornada, provocarían al publicar la nota “Revocan fallo que detuvo la impresión de los libros de texto“, en referencia al juicio de amparo que promoviera la Unión Nacional de Padres de Familia; organización que obtendría una suspensión provisional, a la que seguiría el viernes pasado -tras la publicación del texto aludido- la suspensión definitiva. El análisis de los coautores traería aparejada la reflexión de un docente de Colima, Óscar Vargas Munguía, que sintetizaría con mucha claridad que el conflicto “es parte de una añeja disputa ideológica por el control de su contenido, y pasa como cuando se divorcian los padres de familia: no hay ganadores, sólo un perdedor, los alumnos” (La Jornada pág. 3, 25-5- 23), y no le faltaría razón.
En la discusión para la aprobación del Artículo 3° del constituyente de 1917, algún diputado -cuyo nombre no recordaría por el momento- intervendría para opinar que el Estado debería marginar de la educación a las y los padres de familia y así disminuir la influencia perniciosa en la formación de niñas y niños, que tendría la iglesia a través de los primeros; cuestión que se reflejaría en el texto aprobado. No obstante, durante la presidencia de Alfonso de La Huerta, se organizaría la Asociación Católica Nacional de Padres de Familia formada con el “propósito de defenderse contra el laicismo”, retomando una confrontación ideológica que se iniciaría por lo menos desde la década de 1830, encabezada entre otros por Valentín Gómez Farías, personaje que en octubre de 1833 cerraría la universidad tachándola de reaccionaria.
La confrontación “ideológica” entre liberales y conservadores en materia educativa se agudizaría con el fortalecimiento de la república, tal y como podría deducirse de la consulta de la obra Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones, publicado por la Cámara de Diputados, del que sobresaldría la libertad de enseñanza -Artículo 3 de la Constitución […] del 5 de febrero de 1857- que legitimaría la participación de cualquier libre pensador que estuviese capacitado para ello concluyendo con los monopolios eclesiásticos en materia educativa. La laicidad estaría contemplada en la Constitución de 1847 pero se restringiría a la que se daría “en los establecimientos oficiales de educación”.
Un momento crítico de la confrontación ideológica entre el gobierno federal -encabezado por Plutarco Elías Calles– y miembros de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), se produciría en torno al Reglamento Provisional para las Escuelas Privadas que Ernesto Morales Meneses, coordinador del libro Tendencias Educativas Oficiales en México 1911-1934 dataría el 22 de febrero de 1926. En su libro El Reglamento -señalaría el autor- prohibiría cualquier alusión religiosa en los edificios escolares, incluidas pinturas, iglesias o capillas, el ejercicio de la dirección escolar en manos de algún religioso o ministro de culto, al tiempo en someterían a las escuelas católicas, al cumplimiento de lo establecido por el Artículo 3 de la Constitución, sobre todo en lo concerniente a la adopción de los métodos educativos, a la utilización de los libros de texto autorizados por el gobierno y escala de calificaciones que aprobara la Secretaría, so pena de clausura a la institución particular que incumpliera con lo previsto en la normatividad. A la prohibición de la enseñanza religiosa -expresión de la postura anticlerical adoptada por la administración- seguiría un “boicot general” decretado por la LNDLR que provocaría tan solo en Guadalajara (Meneses et all, Opus cit, pág. 509) que “800 maestros de enseñanza primaria dimitieran para no servir al gobierno, y 22 000 de los 25 000 mil niños en edad escolar dejaran de asistir a la escuela (J. Meyer 1973 p. 238″. Conflicto ideológico que desencadenara una guerra civil conocida coloquialmente como la cristiada y que proseguiría tras el conflicto armado, al publicarse la primera reforma al Artículo 3 Constitucional mediante la que se establecería que la educación sería socialista y que ocasionaría nuevos enfrentamiento entre maestros socialistas y madres y padres de familia procatólicos (cristeros) y que derivaría, incluso, en el asesinato de varios maestros que impartían educación de acuerdo a las instrucciones gubernamentales.
El origen de las desavenencias que se desatarían entre los diferentes gobiernos y grupos importantes de madres y padres de familia, con independencia de otros grupos de interés, y giraría en torno a quién debería decidir el tipo de educación que recibirían niñas, niños y adolescentes Gracia; sin embargo, el debate entre la SEP-Conaliteg y la UNPF continuaría al otorgárseles, el viernes 26 de mayo, “una suspensión definitiva que condiciona la impresión y distribución de los LTG, se ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) verificar que su contenido cumpla con la consulta a gobiernos estatales, especialistas y padres de familia, y con los planes de estudio vigentes”. Los libros de texto gratuitos han sido cuestionados en diferentes momentos de la historia por padres y madres de familia afiliados a diferentes organizaciones, llegando incluso a la quema pública de ellos, en episodios de una larga confrontación ideológica y de principios.
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