Los señalamientos sobre una de las competencias -exclusivas- que tendría el gobierno en turno en materia educativa (producir y/o autorizar los libros de texto que se utilizarían en las escuelas de educación básica -pública y privada-), derivados de la discusión que provocaría la intervención de Marx Arriaga en la sesión 5º Libros de Texto Gratuitos Gracia.
Avances y Retos de una Nueva Política, del Seminario Permanente: El Proyecto Educativo en el Proceso de Transformación; Balance y Perspectivas del Conacyt, o de las implicaciones de los cambios que suscitarían las cuentas presentadas por el Director de Materiales Educativos de la SEP, tanto en la modificación a la actual política editorial con sus implicaciones en ese sector (despido de trabajadores), como en el ejercicio de los derechos que madres y padres de familia al obligar a sus hijos a usar un libro de texto obligatorio en secundaria, al estilo de lo que sucede en preescolar y primaria. Niveles en los que la disposición es ignorada por maestros y maestras de escuelas públicas y privadas.
La normatividad citada por Arriaga como preámbulo a la presentación de la cifras señalaría que: “el artículo tercero y la ley general de educación son muy claros y le dan la responsabilidad exclusiva al Estado para la creación de esos materiales”; no obstante, las palabras “libros de texto gratuitos” no se mencionan en ninguna de las X fracciones del Artículo 3 incluyendo a incisos que le integran, aunque el parágrafo dos de la Ley General de Educación señalaría que correspondería “al Estado” [el ejercicio de] la rectoría de la educación, la impartida por éste, […]; y el párrafo nueve establecería que “[…] El Estado garantizará que los materiales didácticos, […], sean idóneos y contribuya a los fines de la educación”.
Aunque la fracción XII del Artículo 9, Capítulo III De la equidad y la excelencia educativa de LGE, precisaría la “obligación” [de, entre otras] proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos […]” y la fracción III del Artículo 58 señalaría que para dar cumplimiento a este Capítulo -se referiría al VI invalidado- la SEP debería: “Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional”; la fracción XII del Artículo 9 del Capítulo III De la equidad y la excelencia educativa, extendería la obligación citada previamente, a todas y todos los estudiantes de educación básica;. Las fracciones I, IV, V y VI del Artículo 113 le darían la razón.
Las dos primeras líneas sustentarían su afirmación: Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes [incluida la planeación y programación de la política educativa del Sistema Educativo Nacional]: Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos […]. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria” y, determinar cómo se utilizaría el “material educativo” en los niveles citados.
Si la argumentación jurídica no fuera suficiente, la económica fortalecería su explicación; si no fuese porque los propios maestros y maestras de escuelas públicas de nivel básico, solicitaran libros de texto complementarios a los oficiales. Los datos provienen de la intervención del director general de Materiales Educativos: “en el año 2021 y 22 los Editores vendieron al gobierno mexicano 37 millones 200 mil ejemplares de texto para secundaria”; cifra que representaría “el 37 cinco por ciento de las ventas del sector editorial privado” y que les generaría ingresos por 1 488 200 000 pesos, recursos, que cubrirían la federación en un 60 por ciento y las entidades un 40 por ciento.
El monto federal -señala el funcionario- correspondería al 42 por ciento de los 3 522 260 200 mdp. del presupuesto federal asignado a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg). Dato que, de acuerdo a Arriaga, provendría de información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación. Los datos económicos son demoledores Gracia. Reseñas que Marx tomaría del periódico La Jornada, atribuidos -presuntamente- a Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caneen): En 2021 la industria editorial se conformaría por “206 editores que produjeron 18 695 títulos y 89 102 771 ejemplares”. Aludiría a la versión de la nota publicada en El Universal en la que se mencionaría que “más del 60 por ciento de sus ingresos” derivarían de la venta de libros de texto de secundaria.
De las 206 empresas que estarían integradas en la Cámara, 28 (el 13.58 por ciento) acapararían “casi el total de las transacciones”, pero una, SM -acostumbrada a contratar a ex funcionarios de SEP- se quedaría con casi tres quintas partes del pastel (58 por ciento), porcentaje que equivaldría a 892 920 000 millones de pesos, en tanto que Castillo-Macmillan se quedaría con un 32 por ciento del total, Santillana con un 4 por ciento y Trillas también con otro 4 por ciento. Resaltaría otra información vertida por el director: “la planta industrial de la Conaliteg contribuyó con apenas 2.9 por ciento de los libros impresos, mientras que la producción alterna es decir privada fuera de la federación, alcanzó el 97.1 por ciento”.
Dinero público para cuatro negocios privados Gracia. Información dura que dejaría de lado, las respuestas ideológicas que pretenderían contrariar la intervención de un personaje al que muchos tildarían con epítetos que no vendrían al tema. Sin embargo y si se presentará el caso de imponer un libro de texto único y obligatoria como se especularía, las editoriales ya sabrían el caminito que seguían cuando no se otorgaban libros gratuitos para las secundarias oficiales. Promover sus productos escuela por escuela como ahora lo hacen en los preescolares y primarias públicas, en donde maestras y maestros solicitan entre 3 y 5 libros, adicionales a los gratuitos que entrega el Estado.
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