A siete años de su creación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ha reconocido rezagos en las investigaciones de homicidios dolosos y desapariciones de personas, por lo cual mantienen una deuda importante con la ciudadanía en la procuración de justicia ante delitos de alto impacto.
Este jueves, el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, admitió que, de 2015 a la fecha, el 29 por ciento de las carpetas de investigación por homicidios con dolo tiene retrasos o fueron catalogadas en el archivo temporal, lo cual justificó por el aumento de las denuncias de este delito.
Apenas el pasado 22 de junio, también reconoció que la Fiscalía tiene retrasos en la resolución de casos de desaparecidos, pero confió en que el aumento de pesos en en este organismo autónomo y la incorporación del Servicio Médico Forense (Semefo) agilizará las investigaciones en el transcurso de 2023.
En cuanto a los homicidios, las cifras son más preocupantes porque Puebla capital se mantiene entre los 50 municipios con mayor incidencia de este delito y, en el estado, suman 443 casos de enero a febrero de 2023.
Para atender esta situación, este mismo jueves la FGE puso en marcha una Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, la cual –según el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE)– investigará y perseguirá de oficio casos de dicho delito, para lo cual ordenará recolección de indicios y medios de prueba, además de solicitar información necesaria a otras autoridades.
Esta nueva oficina –hay que recordarlo– se suma a la que anunció el fiscal la semana pasada para agilizar las investigaciones de delitos como robo de vehículos, de vehículos con mercancía y de autopartes.
Sin embargo, surge la pregunta sobre si la creación de unidades dentro del organismo tendrá un impacto positivo en el avances de casos sensibles o, por el contrario, aumentará el burocratismo que siguen denunciando organizaciones como Voz de los Desaparecidos.
De acuerdo con estos grupos, una de las tareas urgentes de la FGE es la capacitación y vigilancia de los ministerios públicos, pues persisten entre ellos prácticas de investigación sin perspectiva de género ni derechos humanos, lo cual repercute en una tasa de impunidad superior al 90 por ciento.
Por cierto, la FGE ha admitido rezagos en las investigaciones, pero aún no ha informado sobre el porcentaje de “investigaciones concluidas” que derivan en sentencias o reparaciones.
Así que, aun con la creación de coordinaciones y la voluntad expresa de un “mejora continua”, según dijo el propio fiscal Higuera Bernal, el incremento de investigación que realmente procuren justicia es una deuda de la FGE con los poblanos.
LPR
