De manera semejante a lo que ocurre en la Ciudad de México, una suspensión provisional a las corridas de toros en la Plaza El Relicario, como parte de la Feria de Puebla, afianzó una disputa judicial que se puede prolongar por meses y posibles reformas en el Congreso local.
El pasado martes, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo concedió dicha medida al admitir a trámite la demanda de amparo de la asociación Patitas Enlodadas, la cual quedó radicada en el expediente 819/2023.
“Se ordena suspender de inmediato los espectáculos taurinos en el municipio de Puebla que estén por llevarse a cabo, dentro de los que se encuentran los programados para celebrarse el 6 y 12 de mayo de la presente anualidad, en la plaza de toros El Relicario, así como los permisos para ello”, dice la resolución.
La organización animalista alegó que dichos espectáculos no están protegidos por la Constitución federal, pues esta prohíbe el maltrato de los toros de lidia en tanto seres sintientes y que aportan un servicio ambiental, lo cual “no se puede poner en duda”.
En acatamiento a esta orden judicial, el ayuntamiento de Puebla tuvo que instruir a la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial suspender los permisos para la realización de las corridas de toros programadas el sábado 6 y el viernes 12 de mayo. El gobierno estatal, encargado de la Feria de Puebla, también expresó que actuará con apego a la legalidad.
Así, esta suspensión se suma a las concedidas, durante 2022, en los municipios de Zacatlán, San Martín Texmelucan y Teziutlán, dónde también fueron cancelados eventos de la fiesta brava en el marco de sus ferias.
Fiesta brava en CDMX, un año en disputa
El caso puede derivar en una suspensión definitiva de las corridas de toros en Puebla –es decir, que duraría hasta que se resuelva el amparo–, o existe la posibilidad de que la suspensión se impugne en un tribunal a fin de que la revoque o la modifique.
Justo en mayo del año pasado, comenzó una disputa judicial en la ciudad de México, donde también un juez de distrito concedió a la organización “Justicia Justa” una suspensión temporal de la tauromaquia en la célebre Plaza México, la más grande del mundo.
Un mes después, ordenó la suspensión definitiva de la tauromaquia en en dicho recinto hasta resolver el asunto de fondo.
La medida cautelar fue reconvenida en un tribunal federal por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha pronunciado por esperar a que la justicia de la federación resuelve el amparo y planteó llevar el tema a una consulta ciudadana para decidir qué hacer respecto a dicho espectáculo.
En contraste, desde diciembre de 2022, el Congreso de la Ciudad de México tiene pendiente la votación de una iniciativa reforma para prohibir de plano las corridas de toros en en la entidad por tratarse de actos de maltrato animal, los cuales están prohibidos en la Constituciones local y federal. Dentro de la bancada de Morena en ese Legislativo, no existe el consenso suficiente para aprobar.
La situación en Puebla podría llegar a un punto semejante si el juez de distrito que ya otorgó el martes la suspensión temporal determina ordenar que sea definitiva.
Puebla podría encaminarse hacia larga querella
Además, en el Congreso poblano ya han comenzado a descongelarse iniciativas para prohibir las corridas de toros en el estado, las cuales se presentaron desde el año pasado, justo a propósito del caso de la Ciudad de México.
En ese momento, el difunto gobernador, Miguel Barbosa Huerta se pronunció en contra de prohibir la “fiesta brava”. Asimismo, el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, también dijo estar en contra de la desaparición de la tauromaquia.
Por su parte, los defensores de la “fiesta brava”, espectáculo preferido de un selecto grupo de empresarios y políticos en Puebla, sostienen que se trata de un bien cultural que se debe mantener.
Parece difícil que en el Congreso de Puebla se den los acuerdos necesarios para que la iniciativa avance. A nivel nacional, de hecho, sólo Sinaloa, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo tienen la prohibición legal de las corridas de toros.
Por el momento, el movimiento antitaurino en Puebla ya obtuvo una victoria judicial que podría conducir a la suspensión de la “fiesta brava”, al menos en El Relicario, de manera indefinida, lo cual le daría un tiempo valioso para adherir más opositores a una práctica con cada vez menos adeptos y, quizá, introducir su causa a la discusión de las campañas electorales que se avecinan.
LPR
