En un giro que se antoja paradójico, la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, instaurada con bombo y platillo en enero de 2020, se ha convertido en un “obstáculo” para las familias de personas desaparecidas en la entidad, con quienes predomina una relación conflictiva por la falta de hallazgos y transparencia.

Para las madres buscadoras del colectivo Voz de los Desaparecidos, quienes bloquearon este miércoles el bulevar 5 de Mayo de la capital poblana, más que una paradoja, hay indicios claros de “corrupción” en dicho organismo, por lo que exigieron ya la destitución de su titular, María del Carmen Carabarín Trujillo.

Cierto es que, desde que rindió protesta en el cargo, el 30 de enero de 2020, acompañada del difunto gobernador, Miguel Barbosa Huerta, y del subsecretario de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, dicho colectivo, el más grande en la entidad, no dio su respaldo a la funcionaria.

Con el paso del tiempo, las solicitudes para apoyar jornadas de búsqueda en fosas clandestinas y acompañar a familiares se fueron acumulando. Vino la pandemia y los trabajos se hicieron aún más lentos. La desesperación aumentó entre los familiares de los desaparecidos.

Al cierre de 2022, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reportó 413 personas desaparecidas en Puebla, el doble de las reportadas el año previo. De ese total, el 26.4 por ciento permanecían como no localizadas

A mediados de marzo de este 2023, María Luisa Núñez Barojas, fundadora de Voz de los Desaparecidos, reportó al menos 327 casos en el estado, es decir, casi el 80 por ciento del total reportado en todo el año pasado.

10 de Mayo se vuelve día de protesta

Este 10 de Mayo, en el Día de las Madres, las buscadoras dejaron a un lado la celebración y marcharon por la principal avenida de Puebla para exigir resultados ante el acumulado histórico de 3 mil personas no localizadas en el estado.

Tan sólo el colectivo Voz de los Desaparecidos acompaña alrededor de seis decenas de casos y, en ninguno de ellos, la Comisión de Búsqueda ha contribuido para que se realicen hallazgos.

A ello se aúna la falta de transparencia del organismo, que se evidencia en cuestiones tan elementales como la falta de acceso a su plan de trabajo y estadísticas oficiales, los cuales son inaccesibles desde la Plataforma Nacional, lo cual no garantiza el derecho a la información.

Tales omisiones han derivado ya en al menos tres denuncias contra Carabarín Trujillo, a quien acusan de presunta corrupción por la falta de acciones de búsqueda efectivas pese al presupuesto que recibe la comisión, que fue de 13.4 millones de pesos para este 2023.

Como ha ocurrido con otros funcionarios estatales, la gestión de Carabarín Trujillo debe ser revisada y su permanencia en el cargo, analizada si ella conlleva mantener a la comisión como un obstáculo para los familiares de desaparecidos.

LPR