Editorial Ángulo 7
En este espacio vertirmos la opinión de nuestro medio, siempre con una visión contructiva Credito: Elaboración propia

A mediodía de este jueves se dio a conocer la detención de Adolfo Karam Beltrán, el último de los altos mandos que se mantenía prófugo, y que participó en la tortura en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, como represalia por la publicación de su libro, Los Demonios del Edén, en el que exhibió la protección del poder a grupos dedicados a la explotación sexual y pornografía infantil.

Sin embargo, la conclusión del caso está muy lejos de terminar, y es que las autoridades no deberían pasar por alto que personajes de la política mexicana y de la iniciativa privada fueron mencionados como protectores o ejecutores de delitos contra menores de edad.

El caso de Lydia Cacho no se limita a los actos de tortura y la llamada telefónica que terminó con la carrera política del ex gobernador Mario Marín Torres, si bien ya fueron capturados y están en espera de una sentencia, no se debe olvidar que hay niñas y niños a los que no se les ha hecho justicia.

Si en diciembre de 2020, un juez de Quintana Roo logró reponer el proceso y que la magistrada del Primer Tribunal Unitario María Elena Suárez, volviera a solicitar las órdenes de aprehensión en contra de Kamel Nacif Borges, Mario Marín Torres y Adolfo Karam Beltrán. ¿Por qué no reiniciar la investigación que alcance a los cómplices de Jean Succar Kuri?

El empresario libanes es el único detenido, procesado y sentenciado por los delitos de explotación sexual y pornografía infantil.
La justicia no se acaba con la detención de quienes torturaron a Lydia Cacho, el caso se podrá dar por concluido cuando los integrantes de la red de pederastia sean detenidos y que los casos no se repitan.

 

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