Ante los casos de violencia que han trascendido en la última semana, como los homicidios en Puebla capital, Quimixtlán y Huejotzingo, así como el aumento de robo a transportistas e Tecamachalco, los gobiernos estatal y municipales no deben bajar la guardia para mantener condiciones de seguridad y gobernabilidad en el estado.
Tan sólo el martes, salió a la luz el caso del feminicidio de Monserrat N, de 38 años, en La Resurrección, donde su novio es señalado como presunto responsable, además de estar acusado de comer partes del cuerpo de la víctima-
Esa misma noche, dos hombres murieron durante una riña y balacera suscitada por conflictos entre bandos opuestos durante la elección del juez de paz de la comunidad de Xacacomulco, en Quimxtlán.
Por otra parte, dos hombres fueron ejecutados con armas de fuego en el fraccionamiento Valle de San Miguel de Huejotzingo, municipio que tiene el reto de bajar sus niveles de violencia e inseguridad para potenciar su reciente nombramiento como Pueblo Mágico.
A estos asesinatos, se suma el aumento de asaltos con violencia a transporte de carga en Tecamachalco y las presuntas extorsiones por parte de policías de este municipio que fueron denunciadas por el cura de la comunidad de Xaltepec, Marcos Huesca Romero.
Gobierno estatal va por vigilar a policías municipales
Esta nueva ola de delitos en distintos municipios conllevó a que, este miércoles, el gobernador sergio Salomón Céspedes Peregrina instruyera a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la creación de una Unidad de Análisis, Seguimiento y Vigilancia, que se encargará de revisar el avance de inversiones de los 217 municipios del estado en materia de seguridad, así como de evaluar el cumplimiento de la certificación de los policías y los índices delictivos.
Ello, en línea con el llamado a los alcaldes –reiterado apenas hace una semana– para que vigilen que sus policías municipales cumplan con los exámenes de control de confianza y garanticen la seguridad de sus demarcaciones, así como el uso adecuado de las armas y patrullas que el estado les proporciona.
La estrategia estatal de apoyo para la certificación de policías municipales –hay que recordarlo– se corresponde con la política nacional para impulsar la Certificación Policial Única (CPU), a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según el cual todos los elementos políacos, en los tres órdenes de gobierno, deben estar certificados.
Por su parte, la SSP desplegó elementos para asumir la seguridad en Quimixtlán, que padece problemas de inseguridad desde hace un año, lo cual incluso derivó en la renuncia del alcalde, así como en la zona de Tecamachalco.
En cuanto las Policías Municipales, tiene la obligación legal de actuar como primeros respondientes ante hechos delictivos y mediar en situaciones de violencia para evitar que escalen, por lo que no puede relajar sus acciones aunque reciban apoyo estatal o por parte de la Guardia Nacional.
LPR
