El linchamiento de Apolonio por supuestamente robar dos brócolis para comer en la junta auxiliar de San Miguel Tianguistenco, municipio de Santa Rita Tlahuapan, captó la atención nacional por el grado de violencia y crueldad, pero también hizo patente la falta de intervención y mediación de la autoridad municipal.
En la madrugada del pasado 20 de abril, una turba enardecida golpeó y quemó a Apolonio X, quien, para decirlo sin rodeos, fue ejecutado en un juicio sumario por el “delito” de robar un par de vegetales.
Este no fue un acontecimiento aislado. De hecho, fue el resultado de uno más, entre al menos 28 casos en lo que va 2023, donde civiles determinan hacer justicia por mano propia, sin que los alcaldes o regidores hagan el mínimo movimiento, pues se limitan a pedir la ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En este caso, la respuesta de las autoridades llegó demasiado tarde y la turba cumplió su deseo de justicia por mano propia.
Ante este acto de suma violencia, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reiteró su llamado a los presidentes municipales a asumir su responsabilidad como primeros respondientes y aplicar el protocolo estatal para contra linchamientos.
Y es que muchos ediles parecen que, desde 2019, está vigente el Acuerdo del Secretario General de Gobierno, por el que emite el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla.
Este documento, emitido en su momento por Fernando Manzanilla Prieto, establece, en su artículo 2, que, ante un intento de lichamiento, el primer respondiente es la Policía Municipal, que tiene la obligación de informar la situación a la autoridad municipal, es decir, el alcalde o los regidores competentes.
Un vez recibido el informe –señala el artículo sexto– la autoridad municipal “se trasladará de manera inmediata al lugar de los hechos, a fin de corroborarlos y realizar el primer contacto con la multitud, efectuar acciones de mediación y negociar la liberación de la(s) persona(s) a quien(es) se intenta(n) linchar”.
Si la situación lo amerita, como ocurre en la mayoría de los casos, la autoridad municipal debe solicitar la intervención de la SSP e informar de inmediato al delegado estatal.
Al respecto, Céspedes Peregrina afirmó que los ediles pueden llamar directamente a él, lo cual evitaría que se triangule información y se pierda tiempo valioso para evitar un linchamiento.
Aunque el linchamiento en Tlahuapan se consumó, toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) llevar ante la justicia a los responsables. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) investiga omisiones de la autoridad, las cuales empezarían, según lo establecido en la ley, por la alcaldesa priista Rosiceli Díaz Hernández.
Con todo, queda claro que la ley obliga a los alcaldes y regidores a no quedarse cruzados de brazos detrás de su escritorio o enviar órdenes por celular. Debe acudir de inmediato al lugar de los hechos, valorar la situación, intentar un diálogo y, si el caso lo amerita, pedir la ayuda estatal.
LPR
