En todos los países en los que gobiernan fuerzas progresistas, el Poder Judicial se ha vuelto un búnker de las fuerzas de la derecha. Ha dejado de ser un poder que actúa como contrapeso del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en el contexto de la división de poderes que pregona la teoría democrática. Al actuar de manera facciosa, se desvirtúa la esencia pública que supuestamente deben tener todas las instancias que conforman el Estado. He aquí la razón por la cual en muchos países al Poder Judicial se le está llamando “el Partido Judicial”.
Desplazadas del gobierno las derechas en países como Argentina, Brasil o México y en otros más, éstas han sido exitosas en convertir a las cortes en instrumentos de desestabilización política, bloqueo de iniciativas legislativas, y la forma más letal de estas acciones, cuál es la Guerra Judicial o Lawfare, mediante la cual se fabrican casos judiciales a servidores públicos o líderes políticos vinculados con las causas progresistas. No cabe sino recordar brevemente el Lawfare contra Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández y Rafael Correa.
La llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la ministra Norma Piña, ha hecho más evidente que en México no solamente ha nacido el Partido Judicial sino que este está creciendo y muy probablemente se convertirá en un partido de oposición todavía más poderoso de lo que ha sido hasta el momento el Instituto Nacional Electoral. Existen diversos indicios de ello: el linchamiento moral de la ministra Yasmín Esquivel que culminó con la elección de la ministra Piña; un aumento con el arribo de ésta de casos en los que jueces emiten resoluciones que favorecen la impunidad ante delitos de la más diversa índole; los síntomas ominosos que se observan en la SCJ ante el llamado Plan B de la reforma electoral. El irrespeto a investidura presidencial de la ministra Piña en el acto conmemorativo del 5 de febrero en Querétaro, es un gesto simbólico que anuncia al creciente Partido Judicial.
No solamente la derecha se está acantonando en el Poder Judicial. Al parecer los poderes más oscuros lo están haciendo: el secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Piña es el cuñado de Isabel Miranda de Wallace, una figura asociada a los actos más siniestros dentro del Poder Judicial en sexenios pasados. La señora Miranda de Wallace anunció anticipadamente en Twitter la purga de servidores públicos en el Instituto Federal de Defensoría Pública que ha seguido a la defenestración de Netzaí Sandoval como titular de dicha dependencia. La suerte de los acusados en el incierto secuestro y homicidio del hijo de Miranda de Wallace es todavía más incierta. Todo esto lo ha denunciado Salvador Leyva, quien fuera secretario técnico del referido Instituto.
Cuando advertimos el nacimiento del Partido judicial al interior del Estado mexicano, constatamos que el Estado no es un bloque monolítico sino un territorio en que fuerzas de diversa índole se encuentran en disputa. La descentralización del Estado a través de diversos institutos autónomos vuelve más ardua dicha disputa. Al encontrarnos en la parte final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resulta evidente que la urgente reforma judicial, esa reforma que implicaría la reestructuración y saneamiento del Poder Judicial, quedará pendiente y que será una batalla ardua de las muchas que se tendrán que librar en un eventual segundo sexenio de la 4T.
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