Para poder revocar la concesión del agua en Puebla, el gobierno puede realizar una tipo expropiación mientras concluye el litigio, así como aplicar las causales de incumplimiento de inversión, mal servicio y atribuciones que no le tocan como cortes del servicio a usuarios.
Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, el abogado y activista Omar Jiménez Castro, quien recordó que cuando se otorgó la privatización se llevó a cabo una licitación por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), sin embargo, fue irregular.
Esto, porque tanto Concesiones Integrales, conformada por las empresas Aguas de México, Epcor y Ticsa, no participó en el proceso, pero después migró su razón social a Agua de Puebla Para Todos, que es la que está operando.
Manifestó que si bien varios actores ya se pronunciaron sobre el tema luego del anuncio que dio el gobernador Miguel Barbosa Huerta, como diputados y políticos, la realidad es que solo están opinando de forma, pero no de fondo
“Lo que procede es aplicar una especie de expropiación, es decir, yo te voy a expropiar en lo que se desahoga el litigio y haya una sentencia firme, sólo así se podrá regresar el suministro o la operación de lo que conlleva el agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento”, asentó.
Explicó que dentro del título de concesión quedó especificado que es competencia y facultad del Soapap revisar y observar a la concesionaria de agua, por lo que ésta no tiene una facultad para realizar algún acto de tipo jurídico, es decir, realizar con los servicios un corte de agua y de drenaje, pero en la realidad sucede lo contrario.
Sin invertir lo pactado en el contrato
Por ello, dijo que hay tres causales que se pueden considerar para revertirla sin necesidad de que se pague “un solo peso”; la primera es que supuestamente la empresa suscribió un escrito para modificar el acuerdo para aplicar los cortes, pero no exhibió un documento idóneo para argumentarlo, por lo que “ha usurpado” funciones desde 2014 que la tiene.
La segunda es que se tiene un apartado en el título de concesión en el que se determinó el monto de inversión para mejorar la red hidráulica, de drenaje, darle mantenimiento a las plantas tratadoras para que el agua sea potable, un mejor servicio a un mejor costo, pero no lo ha cumplido.
Agregó que el agua no está tratada ni hay plantas que funcionen, lo que ha generado que Puebla sea el tercer estado del país con las cuotas más caras, sumado a que hay un desequilibrio en el suministro, pues hay colonias que no les llega en algunas se les ha reducido en el 40 por ciento.
Añadió que solo la autoridad competente, que en todo caso es el Soapap, tendría que hacer los cortes, pero para ello se deben cumplir ciertos requisitos, como demostrarle al usuario que tiene un adeudo, pero igual está la opción de la reducción del servicio, lo cual no se hace y por ello ha habido amparos.
La tercera es que la concesionaria debe estar abierta a una negociación de pago o convenio, pero que esas facultades que le confieren al Soapap, se las otorgan a Agua de Puebla, misma que no acredite en un solo caso de corte de servicio que tenga un adeudo.
Agregó que otro dato importante es el incumplimiento del contrato con el título de concesión, por lo que debe haber una penalidad establecida, ya que en 2013 cuando le otorgaron el servicio se estableció que se tenía que dar una compensación al estado por el daño ambiental, ecológico y social, ante su incapacidad e inoperancia técnica.
Hay elementos para tirarla, dice
“Hay muchos puntos, eso de que el estado tiene que pagar, no, porque el estado no ha quedado mal, sino que la que no ha cumplido es la concesionaria, sí es procedente la revocación con la causal de que no ha hecho lo que se acordó, además debe ser el título de concesión es un documento de interés público a disposición de los poblanos”, expresó Jiménez Castro.
Aseveró que esa es la vía para revocar la concesión, por lo que el problema de que no pasó por el Congreso no tiene qué ver, ya que el Soapap tiene facultades para otorgar la concesión de forma más directa, pero se implican otras causales por ejemplo, el tema de la deuda.
En ese tenor, mencionó que está dispuesto a colaborar con el gobierno estatal para poder lograr este hecho, pues si bien dijo que “no tiene la verdad absoluta”, cuenta con elementos “muy fuertes” para echarla abajo, pues sí es redituable, ya que de no ser así, el grupo Banorte no se hubiera involucrado.
El activista puntualizó que no se debe permitir que la empresa entre a las juntas auxiliares donde se rigen por usos y costumbres, pues, por el contrario, lo que se debe hacer es reformar la Ley de Agua del Estado para que sean normados los comités ciudadanos que manejan el servicio en estas demarcaciones.
Esto, porque actualmente no cuentan con una representación jurídica y la idea es que estén bajo una reglamentación, así como con administración de cuentas que sea auditable, pues muchos tienen el problema de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Yo confío mucho en la decisión que va tomar el gobernador para ponerle alto al abuso de la concesionaria, hay elementos por los cuales se puede correr sin pagarle un peso, y por el contrario que ella pague una sanción económica muy grande por el daño cometido”, expresó.
