A través de la reforma eléctrica, el Estado mexicano debe reparar los agravios de la industria a las comunidades indígenas, por lo que debe evitar que continúe el despojo de tierras para construir plantas y permitir que los pueblos gestionen las propias.
Así lo expresaron diversos ponentes este lunes durante el foro 22-A, “Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad”, del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, realizado en la Cámara de Diputados con la participación de representantes ejidales y de pueblos indígenas, así como de promotores culturales.
En su intervención, José Abel Manuel Carrasco, ingeniero mecánico en térmicas hidráulicas y representante de ejidatarios de La Venta, Juchitán, Oaxaca, señaló que la reforma debe considerar la reparación del daño causado por proyectos eólicos a comunidades de ese estado.
Refirió que los ejidatarios del Istmo de Tehuantepec tienen problemas con la empresa española Acciona, que contrató dos mil 600 hectáreas para construir un parque eólico con capacidad de 250.5 megawatts, pero se niega a pagar el usufructo de las tierras.
Ante esta situación, pidió la intervención de los gobiernos Federal y estatal para evitar que continúe el despojo de tierras y la violación de los derechos a raíz de la reforma enegética de 2013.
Además, consideró que la CFE debería dar la oportunidad a los ejidatarios de instalar su propio parque eólico, pues en ningún momento los consultaron para instalar el parque eólico.
“Reforma debe incluir a pueblos indígenas”
Por su parte, Mario Castillo Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, reconoció que la iniciativa presidencial de reforma eléctrica es “ urgente y necesaria”, pero reclamó que ha dejado a un lado a las comunidades.
Señaló que el sector energético “se ha basado en la explotación de recursos ubicados en gran medida en territorio de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas; sin embargo, los beneficios se han concretado en zonas urbanas y clases dominantes, mientras los impactos los sufren nuestras comunidades”.
En este sentido, manifestó su preocupación de que, tras la reforma, la CFE esté a cargo de la transición energética, pues tomaría control sobre grandes extensiones territoriales, lo que multiplicaría los conflictos sociales.
“Esta visión centralizada no tiene cabida en el momento histórico actual ni es conforme a derechos colectivos reconocidos por la Constitución ni en tratados internacionales”, sentenció.
LPR
