El gobierno de Estados Unidos suele defender la libertad de expresión en México y otros países, pero no duda en emprender la persecución de periodistas o activistas, como James Risen y Julian Assange, si exponen información que “amenace la seguridad nacional”.
A través de diplomáticos o funcionarios, o mediante proyectos u organizaciones financiados por agencias como Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) o la Fundación Nacional para la Democracia (NED), se pronuncia contra la violencia hacia el gremio periodístico, defiende sus derechos y promueve el acceso a la información desde el siglo XX y en lo que va de XXI.
El pasado martes, por ejemplo, Ken Salazar, embajador en México, condenó los asesinatos Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera en Cosoleacaque, Veracruz.
Insistió en que las autoridades mexicanas deben atender los crecientes homicidios contra periodistas y comunidades, pues consideró que en el país la libertad de prensa está bajo ataque.
2/2 Press freedom is under attack and an urgent response is necessary to end the outbreak of violence against journalists. https://t.co/VigE7NXbhw
— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 10, 2022
El año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Florida, alertó sobre la situación de seguridad en Latinoamérica que se ha agravado en los últimos seis meses. Señaló que los países más peligrosos son México, El Salvador, Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, cuando los periodistas o activistas exhiben información relacionada con actividades secretas del gobierno de Estado Unidos, como espionaje y vigilancia de ciudadanos, así como crímenes por parte de sus tropas en el extranjero, Washington no duda en perseguirlos, encontrarlos y sancionarlos con severidad.
Procesa a periodista y clasifican más información
James Risen, reportero del New York Times, fue procesado penalmente y encarcelado durante el gobierno de Barack Obama por no querer revelar sus fuentes al filtrar información sobre una operación fallida de la CIA en Irán que publicó en su libro “Estado de Guerra” en 2006.
Obama prometió ser el presidente más transparente, pero, al contrario, amplió las políticas para la clasificación secreta de operaciones del gobierno, y fue el más agresivo en la persecución a filtradores denunciantes dentro del gobierno
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de la prensa, pero no detalla las condiciones y alcances, por consecuencia han surgido disputas políticas y legales a lo largo del tiempo; lo que preocupa a activistas y defensores del gremio.
Julian Assange, caso emblemático
Por otro lado, Julian Assange, fundador de Wikileaks, tiene una orden de extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje por revelar más de 700 mil documentos secretos; podría enfrentar 175 años de cárcel.
Su esposa, la abogada Stella Moris asegura que de ser extraditado podría llegar a suicidarse pues el gobierno de Joe Biden no le garantiza atención médica y psicológica, ni una garantía de que no será torturado para revelar información.
Amnistía Internacional pidió al Capitolio que retire los cargos contra él y a las autoridades británicas no extraditarlo y dejarlo en libertad de inmediato; esto deja claro que las preocupaciones de las autoridades van más allá de la integridad de una persona y ponen en peligro la libertad de prensa y expresión en ese país.
Agnès Callamard, secretaria general, recordó que aún no hay responsables por los crímenes de guerra contra dos periodistas asesinados por militares en las guerras de Afganistán e Irak y calificó como “grotesco” que exista impunidad 20 años después.
Las autoridades estadounidenses llevan años ocultando información real de la situación de su país y de sus operaciones en el exterior mientras que su discurso internacional está lleno de una imagen falsa.
RE: LPR
Editado por: Laura Ortega
