De enero a junio del 2022, en Puebla se han presentado 20 denuncias por el delito de trata de personas, lo que significó una baja de 23 por ciento, respecto al mismo periodo de 2021, cuando hubo 26; seis municipios son focos rojos, señala la Ibero.
Lo anterior con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), que tiene un histórico sobre el delito de trata de personas desde 2015, año en el que hubo 60 denuncias.
De manera específica, abril ha sido el mes de este año que concentra más denuncias por trata de personas, con siete carpetas de investigación; en contraste, en mayo no se identifica ninguna averiguación en la materia.
Seis municipios acumulan denuncias
En el marco del Día Mundial contra la Trata Personas, hasta abril de 2021, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana de Puebla tenía identificados 204 casos de trata de personas en el estado de Puebla.
Puebla capital fue el municipio con mayor número de casos en el estado, alcanzando el 70 por ciento de las denuncias y otras demarcaciones que aparecen en la lista son San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, San Salvador El Seco y Tehuacán.
El análisis abarca un conteo desde el primero de enero de 2015 y revela que justamente el 2021 fue el que concentró más denuncias, con un total de 96; le siguió el 2016 con 24 incidentes.
A decir del Idhie, 131 de los 204 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 64 por ciento, es decir, seis de cada 10 carpetas de investigación.
Varones y personas no identificadas tienen similares porcentajes y número de incidentes, con 38 y 35 averiguaciones, respectivamente.
Acerca de la edad de las víctimas, el sector más vulnerable es el de las mujeres mayores de 18 años, con el 61 por ciento, seguido de las niñas, con 31 por ciento.
En cuanto a los factores que aumentan la situación de vulnerabilidad para que las víctimas sean captadas o engañadas, se mencionan la pobreza, junto con la discriminación, la desigualdad de género, la falta de oportunidades laborales, la violencia social y el desconocimiento del tema.
Van seis órdenes de aprehensión por trata
Con base en datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a julio de este año se han cumplido seis órdenes de aprehensión por el delito aludido.
De esa cifra, se obtuvo una vinculación a proceso y cinco autos de formal prisión (correspondientes al sistema tradicional de justicia), además de que hubo dos sentencias condenatorias.
La FGE explicó a Ángulo 7 que para denunciar, las víctimas o personas que quieran referir un caso, pueden acudir a la Unidad Especializada de Investigación de Trata de Personas localizada en la calle 6 Norte 1003, colonia Centro.
Precisó que los casos de desaparición forzada no son investigados como trata de personas, porque se trata de ilícitos distintos.
Delito de trata estaría detrás de desapariciones: activista
Irma Orgen Calderón, fundadora de la asociación civil Uniendo Cristales, dedicada a brindar acompañamiento psicosocial en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, no descartó que algunas de estas hayan sido víctimas de grupos delictivos dedicados a la trata.
Sin embargo, precisó que también podrían estar involucrados otros delitos, entre ellos, feminicidios y homicidios.
La activista señaló que durante las investigaciones del colectivo han escuchado testimonios mediante los cuales se asegura que detrás de las desapariciones se encuentra la trata con fines de explotación sexual, más aún cuando están involucradas víctimas mujeres y niñas.
No obstante, remarcó que todo lo anterior ha sido revelado de manera extraoficial, por lo que no pueden dar cifras certeras respecto a la problemática.
Subrayó que, de entrada, ninguna desaparición se investiga como trata de personas, menos si no existen los elementos mínimos para sospechar que hay un caso de esa naturaleza.
Además, refirió que un obstáculo a vencer para dar seguimiento adecuado a una investigación por desaparición es que muchos de los denunciantes solo consigue por parte de la autoridad una acta circunstanciada.
El documento en cuestión es una constancia de hechos, que no obliga a la FGE a proseguir con las averiguaciones.
