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Mientras que intelectuales favorables a la nueva propuesta pedagógica que por fin daría sentido a la Nueva Escuela Mexicana y quienes conformarían un amplio abanico de doctos, se enfrentarían en un debate estéril que defendería y criticaría un experimento que iniciaría a finales del mes de octubre del ciclo escolar 2022-2023 mediante un programa piloto que se impartiría a las y los alumnos de los primeros años de preescolar, primaria y secundaria.  Personajes como Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF México, concedería una entrevista al periódico El Universal (MARÍA CABADAS—[email protected]) publicada el 18 de agosto pasado, en donde de la mano virtual con un documento editado por su organismo patrón, El Informe de promoción y datos para el DÍA MUNDIAL DE LOS NIÑOS 2020 Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19, se permitiría sugerir que frente a los deseos por priorizar las medidas de política educativa sexenales, se requeriría un programa de rescate que permitiría paliar los efectos de una crisis sanitaria y rescatar a las niñas, niños y adolescentes afectados. Repercusiones que se convertirían en “otros desafíos” que, necesariamente, deberían enfrentar las autoridades; entre ellas destacaría –como bien señala Carrera Castro-, los de “atender problemas nutricionales -incluida la obesidad infantil, agudizada durante la pandemia-, y la pobreza en la que se encuentra 40% de ellos”. De la misma manera -insistiría- en recuperar los 2 años de aprendizajes perdidos que afectaría a la niñez mexicana y que, para recuperarlos, de acuerdo a Carrera, requeriría por lo menos, de otros dos en los que haría falta un gran esfuerzo las autoridades.  

Para enfrentar los retos, UNICEF propondría entre otras medidas, “un plan de seis puntos para responder, recuperarse y reimaginar un mundo para todos los niños después de la pandemia”, Gracia. La entrevista de Carrera Castro señalaría -seguramente sin recurrir a la mercadotecnia del miedo, puesto que ya no haría falta imbuir más, pero sin descartar que sólo defienda su chamba- que la niñez mexicana presenta “un rezago de dos años, debido a la pandemia del Covid-19 y el cierre de escuelas, que de no revertirse podría llevar al país a tener una generación perdida“. De ahí los esfuerzos gubernamentales para que todas y todos, sin importar edades y ciclos escolares retornaran en su momento a clases presenciales de manera obligatoria. 

El plan diseñado en el 2020 “para proteger a nuestros niños” y sugerido por UNICEF a los gobiernos del mundo -incluido el de México- y que, de no seguirse, podría ocasionar una pérdida irreversible de derechos conquistados y objetivos planteados favorables a la infancia y la niñez, incluirían los seis puntos arriba señalados. Puntos que se enlistarían, adicionando algunas reflexiones marginales: 1) Velar por que todos los niños puedan aprender, incluyendo la reducción de la brecha digital; boquete que en el caso de México, estaría alimentada por la falta de equipo de cómputo y señal de internet para todos, en más del 50% de las escuelas mexicanas a pesar del incremento relevante que ha tenido el uso de teléfonos inteligentes, sujetos a la adquisición de señal libre o a la compra de datos; 2) garantizar el acceso a servicios de salud y nutrición y lograr vacunas asequibles y disponibles para todos los niños, que requeriría en el caso mexicano, la adopción de medidas que combatieran la obesidad infantil, enfermedad de la que México ocuparía primer lugar a nivel mundial. En materia de vacunación en contra el Covid 19, se tendría que reconocer que, aunque con cierto retraso, tomando en consideración a otros estrato de la población, a partir del mes de agosto incorporaría a las y los menores de 5 años y se iniciaría la aplicación de la segunda dosis para mayores de 11 años, no obstante que investigadores en materia de salud evidenciarían descuido en la aplicación del esquema integral de vacunas, como reportaría Animal Político el pasado 22 de agosto: “En regiones de México como la Península (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) o la Pacífico sur (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) las coberturas con el esquema completo de vacunación en niños de uno y dos años no llegan ni al 30%” 3) apoyar y proteger la salud mental de los niños y los jóvenes y poner fin al abuso, la violencia de género y el abandono, razón esgrimida por Alejandro Encinas en una Mañanera -a la que por cierto habrían “llevado” al representante de la UNICEF en México- como una de las justificaciones que acelerarían el retorno a las escuelas a partir del inicio del ciclo escolar pasado. Encinas señalaría que los delitos cometidos en el hogar, a causa del resguardo forzoso se habrían disparado; 4) ampliar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene, y luchar contra la degradación del medio ambiente y el cambio climático, punto cuya resolución requeriría una inversión adicional que permitiera dotar de agua potable al 25% por ciento de las escuelas de educación obligatoria y de sanitarios al 15% del total, que carecen de ambos servicios por citar a tan solo a dos de los rubros enunciados; 5) impedir el aumento de la pobreza infantil y promover una recuperación inclusiva, enunciado que como el representante citado señalaría, se encontrarían al menos un 40% de la niñas y niños del país; 6) redoblar los esfuerzos dirigidos a proteger y apoyar a los niños y a las familias que viven en situaciones de conflicto, desastre y desplazamiento y que, de acuerdo a otra publicación de la propia UNICEF, estimaría que en México “para finales de 2021”, ascendería a 379,246 personas.

Pendientes que de no atenderse enfrentarían a la nueva administración -en el 2024– con una generación perdida, similar a la que, en el 2020, pronosticaría el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, y más valdría corregir que remediar, Gracia. 

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