Recuento de logros institucionales

Parecería que Leticia Ramírez Amaya, titular de la oficina educativa de la administración pública asumiría su responsabilidad reconociendo logros que le habría entregado Delfina Gómez Álvarez, quien presuntamente se dedicaría a cuestiones políticas y, de la misma manera Leticia continuaría visitando escuelas en las que platicaría con docentes sobre los nuevos planes y programas de estudio, supervisaría protocolos sanitarios y donaría insumos anti COVID; a ese rubro y otros más, se dedicaría el Boletín SEP no 234 (septiembre 22 de 2022). Destacarían en esta publicación el número de “bases”, plazas e “incentivos” entregados. Las primeras ascenderían a “más de 650 mil” a las que se sumarían las 14 mil de media superior anunciadas el día 1 de octubre; las segundas -señalaría la cuestionada Adela Piña Bernal- a 246 mil 32 plazas y las terceras a 22 mil por un año; el número de escuelas del Programa La Escuela Es Nuestra, “beneficiadas” en el Estado de Hidalgo (4 mil 609 planteles en total, a los que se asignarían mil 400 millones de pesos en total, que equivaldrían a 303 753 pesos por plantel en 4 años, tan solo 75 938 anuales).

Sin embargo, el reconocimiento de logros podría leerse de manera contraria -lo que faltaría por hacer- aunque dejaría un piso con el que más adelante se podría medir el desempeño administrativo de la tercera titular del despacho educativo en el actual sexenio. La visita a “una o dos escuelas” en la vecina entidad de Hidalgo permitiría recordar que, de acuerdo al cuadro -sin número- Estadística de Educación Nacional publicado en la compilación de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2022, para el año de referencia, el SEM estaría integrado por 261 101 escuelas atendidas por 2 062 543 docentes y un total de 35 588 589 alumnos de los que un 51.02% son mujeres. De esos datos y porcentajes, corresponderían 215 938 instituciones al sector público y 45 163 al privado equivalentes a un 87.2% que asistirían al sistema público y el 12.8% al privado. Del total, 228 852 escuelas (87.6%) prestarían sus servicios en educación básica y “de ellas” 197 843 contarían con financiamiento público y 31 009 con privado y que equivaldrían al 90.3% y al 9.7%, respectivamente. De los 2 062 543 docentes del SEN, 1 209 998 pertenecerían al subsistema de educación básica; cifra que representa al 58.66%; de ellos, el 85.56% prestaría sus servicios en escuelas públicas y el resto en privadas. En cuanto al alumnado, las PC2020-2021 señalarían que 24 597 234 de los 35 589 989 alumnas y alumnos que cursarían algún nivel de educación asistiría el 69.11% a una escuela de educación básica y “de ellos”, solo 2 393 834 -el 9.7%- irían a escuelas que sus madres, sus padres y/o tutores pagan.

La verificación de la aplicación de un protocolo que debería aplicarse en todas las escuelas de todos los niveles que reanudarían clases de manera presencial, dataría del 29 de agosto de 2021; aunque en este rubro las escuelas públicas serían discriminadas, pues, mientras que las privadas debieron acreditar un curso de capacitación -en línea- que otorgaría el Instituto Mexicano del Seguro Social obteniendo un Distintivo de Seguridad Sanitaria, las escuelas públicas serían relegadas tan solo a la lectura de un manual COVID y a la realización de jornadas de limpieza; a diferencia de las escuelas privadas, estarían exentas de la aplicación diaria de un cuestionario a todo el alumnado y al envío permanente de reportes en los que se indicarían la evolución de la enfermedad. El protocolo para las públicas se abreviaría concretándose tan solo, a la aplicación de gel que se compraría con la aportación obligatoria de madres y padres de familia, al reporte en una hojita en el que las y los progenitores deberían notificare las afecciones gripales y/o de COVID y la portación del cubrebocas, aunque no entregarían -por internet- la encuesta que las autoridades educativas les pide a los privados rutinariamente pero ignorarían la colocación de la señalética en todo el plantel.

Y si bien sería cierto que las autoridades educativas podrían inferir que los Comités Administrativos de Participación destinarían una cierta cantidad de los recursos que El Programa la Escuela es Nuestra asignaría hasta un máximo de 78 mil planteles registrados en el programa y a los que podrían sumarse los 38 mil que Delfina comprometiera con los diputados si le aprobaran los recursos que solicitara, la aportación institucional aún dejaría fuera en el primer caso a más de 119 843 planteles y, en el segundo, a casi 84 843 planteles que solo podrían ser incorporados hasta el 2024, y eso siempre que fuesen contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

Destacarían en esta publicación el número de “bases”, plazas e “incentivos” entregados de acuerdo a las cifras publicadas por las autoridades educativas. Las primeras ascenderían a “más de 650 mil” a las que se sumarían las 14 mil de media superior contempladas para los próximos meses, como te escribiría al inicio de esta carta Gracia. No obstante, su número tendría que ser reconsiderado ante las demandas crecientes sobre las plazas definitivas y provisionalmente a las que tienen carácter de inamovibles tras seis meses de trabajo sin nota de demérito, y que tanto CNTE como SNTE continuarían pretendiendo y más si se tomaran en consideración otras medidas establecidas por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. A la petición gremial, se sumarían adicionalmente tanto la derogación de la Ley General del Servicio de Carrera para Maestras y Maestros (LGSCMM) como el cambio de la responsable de USICAMM y de la burocracia que le acompaña. Sin duda Gracia y que tú como maestra valoras, tan importante para la revalorización del magisterio sería contar con un instrumento legal que aliente a quienes han iniciado una carrera en la que se mantendrían en los próximos 20, 30 o 40 años, como la pertinencia de contar con las herramientas digitales requeridas y el buen trato que les dispensen quienes -burócratas insensibles- les atienden.