Aunque en alguna mañanera Delfina Gómez Álvarez hubiese presumido el número de escuelas incorporadas al Programa La Escuela es Nuestra con más de 59 000 planteles inscritos, su jefe, el titular del ejecutivo federal en otro evento similar, las habría estimado en más de 60 mil (68 mil precisaría Pamela López directora del PLEEN); número que, anunciaría, se incrementarían a 113 mil en 2023, un 76.84% más (Milenio26.04.2022). No obstante, a las referencias públicas, el número total de escuelas incorporadas no aparecería en ningún espacio del sitio La Escuela Es Nuestra; si bien las y los interesados podrían tener una idea aproximada, sumando los resultados parciales considerados en las bases de datos que a continuación te envío Gracia y que muestra otras cifras https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/listado.html;https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/storage/app/media/CHEQUES%202019.pdf
Los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAPs) serían un instrumento de política pública “estratégico” para la actual administración, como se reiteraría en la mañanera. Por intermedio de ellos, se entregarían a las madres y padres de familia, los recursos destinados a las escuelas -otrora ejercidos por el extinto INIFED- y se desplegarían en consonancia a reglas de operación establecidas en el Manual 2022. El monto de los recursos que el programa entregaría a los CEAPs contemplados en los listados, variaría en función del número de niñas y niños inscritos en cada plantel otorgándose 200 mil pesos a escuelas que contasen hasta con 50 niñas y niños; 250 mil pesos si la matrícula variara entre 51 y 150 menores y, a partir de ese número, la asignación ascendería a 600 mil pesos. Montos que equivaldrían, en el primer caso, a 20 pesos diarios per cápita considerando a 50 inscritos; a casi 7 pesos diarios si refirieran tener 150 alumnos y alumnas en el segundo escenario y a 15 pesos por cabeza si se hubiesen matriculado 200 niñas y niños.
Recursos que se utilizarían “para mejorar las condiciones de infraestructura –incluirían “acciones de” mantenimiento mayor y menor-, equipamiento y materiales educativos -oficina más material didáctico-” y, a partir de la incorporación de los componentes jornada ampliada y alimentación, podrían destinarse recursos a la compra de alimentos lo mismo que a las retribuciones al personal docente, directivo y de apoyo; siempre y cuando estuvieren aprobados por la asamblea escolar y que, al ser utilizados localmente fortalecería a la colectividad y, adicionalmente, fortalecería lazos entre la comunidad escolar y las y los vecinos.
Si la entrega de recursos directos formaría parte de la política de la administración pública, los “Comités Escolares de Administración Participativa” serían los agentes encargados de la gestión al interior de las escuelas y, por lo tanto, los responsables de la rendición de cuentas; ejercicio que se extendería hasta por un lapso de 5 años, periodo en el que deberían conservar los documentos del ejercicio de los recursos que se depositarían en las escuelas, bajo el resguardo de la directora o del director y en formato digital, como establece el Manual 2022, en que se normaría el que hacer de todas y todos los actores iniciando por la presidenta, seguida de la tesorera y de la secretaria técnica. De ellas, las dos primeras compartirían la responsabilidad de gastarse la lana y, al mismo tiempo, de transparentar mediante la supervisión de la secretaria técnica y de periódicos murales en los que mostrarían que hicieron lo debido de acuerdo al programa autorizado previamente. “Gozarían” del acompañamiento de un Facilitador Autorizado, figura acusada en algunas ocasiones, del mal ejercicio de los recursos por lo que también habría que supervisar que su labor se apegue a la legalidad establecida.
Sin embargo -y así fuesen las 86 mil escuelas presumidas por la dirección del programa o, las 29 239 que resultarían de contar las presentadas en los registros oficiales (3 029 de la CDMX y 26 210 de las 31 entidades restantes)-, la responsabilidad de ejercer recursos públicos requeriría de las asambleas escolares y de sus órganos ejecutivos, de una toma de decisiones adecuada; pues, a las necesidades escolares plasmadas en el Anexo 3 (Uso de recursos), que no contemplaría el pago de honorarios que deben hacer al DRO (Director Responsable de Obra) y al pago de los derechos que obligan los ayuntamientos, deberían sumarse los alimentos e incentivos mensuales. Menudo dilema les acarrearía el uso de un recurso que al tiempo que les empoderaría, les podría generar enconos entre quienes conforman una comunidad escolar y conflictos legales con quienes, a partir de ahora, se convierten también en sus empleados y les deben rendir cuentas: personal directivo, docente y de apoyo escolar; en hora buena pues como canta Chava Flores les entregarían dos pesos para pagar teléfono y luz y guardan el cambio para echarse su alipús.
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