Se diría fácil Gracia. No obstante, aplicar la propuesta curricular 2022, implicaría un gran esfuerzo para maestras y maestros, quienes tendrían que realizar un trabajo extraordinario que iría más allá de las actividades que habitualmente realizan en el salón de clase y por el que no se recibiría estipendio adicional alguno, a no ser que fuese incorporado al Programa La Escuela Es Nuestra, y al que “recientemente” le aprobarían un incremento presupuestal superior a los 13 mil millones de pesos, y que sumados a su presupuesto regular, alcanzaría una suma superior a los 39 500 millones de pesos.
Como se desprendería del numeral 6, parte II, Estructura curricular, donde las autoridades educativas presentarían en sociedad a “los elementos que fundamentan la propuesta en cuanto a la noción de aprendizaje y comunidad como pilares que sustentan la estructura formal del currículo”. Determinaría a la comunidad “como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje”; aunque, hubiese entornos urbanos y semiurbanos que lo impedirían si se valorara tan solo un elemento: la conformación de su estructura ocupacional. Definiría a la comunidad -y lo cito literalmente- “como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela entendida como el núcleo de las relaciones pedagógicas”.
Sin embargo y hasta ahora, el personal docente y directivo de las escuelas tendrían que contratar vigilancia externa para resguardar sus coches y, las casas se acostumbrasen a contar con un sinnúmero de cerraduras para seguridad de sus habitantes. Razón que los llevaría a enjaular los espacios del estacionamiento y a tener a las niñas y a los niños enclaustrados, quienes “no contarían con permisos para salir a jugar a la calle debido a la inseguridad. Esta última, destacaría en diversos ámbitos de la vida diaria -incluida la casa-; las mujeres se conducirían a la defensiva, procurando evitar las agresiones que, en muchas ocasiones terminarían en feminicidios; todos estos ámbitos también formarían parte de las comunidades.
Imposible descifrar Gracia en qué país idílico vivirían los promotores de la propuesta. No obstante, a mi ignorancia, la confrontación de lo que sucedería en la vida diaria aconsejaría a incidir primero, en la mejora de las condiciones materiales, antes de enviar a casi millón y medio de docentes a las fauces del lobo, independientemente de la apropiación del tiempo de las y los docentes por encima de su jornada laboral.
La propuesta cuya justificación y objetivos se entenderían más con la lectura de los apartados 6.1 y 6.2, en los que mencionaría que habría 3 razones que justificarían el porqué de los intríngulis vinculados al “derecho a ser sujetos del derecho a la educación [que les incluiría] el ser sujetos principales del interés superior del Estado en el acceso, permanencia y participación en los procesos educativos”
que tendrían todas las personas -incluidos quienes forman del estudiantado-y que mencionaría a continuación: 1ª. La escuela no es [no debería ser] un espacio aislado de la comunidad y sería un “punto de encuentro” que se relacionaría con otros entes sociales; si no fuese un lugar de trabajo al que asiste el personal docente y directivo en un horario previamente determinado y que “adicionalmente” solo abriría en ese lapso hasta que contase con un techo presupuestal que cubriera los honorarios del personal que se requeriría para esos menesteres.
Sería cierto que, si formaran comunidad, todos saldrían ganando; siempre y cuando se contara con las condiciones necesarias para lograrlo. La 2ª razón vincularía “conocimientos, saberes, valores”, como se señalaría el texto, podrían ser incorporados si se hiciese en el “marco general de la comunidad que habita”; y la 3ª, vinculada con el método, consideraría “los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria” el sentido que el estudiantado daría al proceso de enseñanza y aprendizaje “para discutir e inclusive problematizar el contenido del Plan y los Programas de Estudio a la luz de la realidad concreta que viven”.
La muerte de Abner, acaecida el pasado lunes 7 de noviembre en el Colegio Williams de la CDMX, enfrentaría a madres y padres de familia entre ellos, lo mismo que con el personal directivo; y no sería para menos, las imágenes de esos sucesos que circulan en redes y en los medios de comunicación, no dejarían paso a la imaginación. Otro enfrentamiento ocurriría en la escuela secundaria de Bochil, Chiapas; institución en la que se habrían presuntamente intoxicado más de 60 alumnas y alumnos; los golpes no se habrían escatimado entre “miembros de la comunidad”. Y si bien muchos de los conflictos tendrían un origen específico, en otros, los enfrentamientos causados por la violencia escolar -que sufrirían 7 de cada 10 alumnas-alumnos-, escalarían hasta convertirse en riñas entre madres y padres de familia que se convertirían en enemistades permanentes.
Hechos ¿aislados? que tomarían carta de naturalización en las escuelas; tal cual sucedería -en cada ciclo escolar- cuando madres y padres de familia se inconforman con el mal manejo de quienes les representan (supervisados por el director de la escuela), harían de las aportaciones voluntarias -que obligadamente- tendrían que pagar madres y padres de familia en las 207 mil escuelas de educación básica y que se convierten en el pan de todos los días.
La propuesta, a pesar de los retos que su instrumentación tendría que sortear, llamaría a “construir otras formas de aprender y ver la enseñanza”, y retomaría algunos planteamientos que en su momento el Conafe lo mismo que Inifed hicieran y al que ahora nombrarían “como replantear la disposición del espacio en el aula”, materiales y otras formas de relación entre “las autoridades educativas” (emisores) y el alumnado (receptores), considerando el contexto en que se ubicaría y que, quienes serían los promotores de la transformación curricular, desestimarían.
Ojalá que las promesas de cambio no quedaran en ofrecimientos vanos que se truncarían si no se modifica el entorno y las precepciones de quienes diariamente, tendrían que laborar horas extras pagaderas de acuerdo a como establecería la Ley Federal del Trabajo. Las autoridades educativas estarían obligadas a señalar y a explicar a las y los docentes, como lograrían instrumentar la nueva propuesta curricular; cuales serían los tiempos y como les convencerían para anteponer los intereses de la sociedad a los particulares considerando que la propuesta curricular piloto, se encuentra por el momento detenida en tribunales.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
