Con la denuncia de la UIF contra Enrique Peña Nieto, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, debe investigar por primera vez a un expresidente de México bajo la mirada pública; a este reto, suma los casos contra dos altos exfuncionarios.
A tres años de entrar en operaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular acumulan los procesos emblemáticos contra Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quienes han frustrado sus intentos de cooperación y se mantienen “inocentes”, pues no tienen sentencia.
A estos procedimientos contra estos dos altos exfuncionarios, lo cual es excepcional en la historia política mexicana, se suma el hito de determinar si judicializa las acusaciones contra su exjefe.
Y es que, este jueves, en un hecho sin precedentes, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que este organismo detectó que, entre 2019 y 2021, Peña Nieto recibió transferencias por 26 millones de pesos de presunta procedencia ilícita.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que el dinero se envió desde la cuenta de una familiar del exmandatario a una cuenta a nombre de Peña Nieto en España, donde tiene su residencia.
Uno de los depósitos –destacó– se realizó el 21 de agosto de 2019 por una suma de más de 16 millones de pesos. La segunda transferencia, de 5 millones de pesos, se hizo el 20 de octubre de 2021, y 9 días después, se realizó otra por 5 millones de pesos más.
EPN tiene nexos con dos empresas
Gómez Álvarez abundó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas señaladas por irregularidades fiscales y financieras. En una, el expresidente es accionista con familiares consanguíneos.
La otra está relacionada con una transnacional que se benefició de contratos multimillonarios en el sexenio del priista. Además, la UIF detectó que, de 2015 a 2021, hizo 261 transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos y 4 millones 942 mil dólares
Aunque López Obrador insistió en que, si este caso se judicializa, corresponderá a un juez determinar si Peña Nieto incurrió en operaciones con recursos de procedencia ilícita, resalta el hecho que haga públicas las investigaciones de su gobierno sobre su predecesor.
En el último año, periodistas y columnistas han difundido que la UIF tiene abiertas investigaciones contra cinco expresidentes, pero sólo en el caso de Peña Nieto el gobierno federal ha confirmado que lo denunció y que la FGR procedió con la integración del expediente.
Vale aclarar que esta no es la primera vez que una fiscalía mexicana procede contra un expresidente: en 2006, la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consiguió una orden de aprehensión contra Luis Echeverría Álvarez por su responsabilidad en la matanza del 2 de octubre de 1968.
Sin embargo, después de tres años de litigio, la defensa del exmandatario, quien se mantuvo en prisión domiciliaria alegando su avanzada edad, obtuvo un amparo para que recuperara su libertad con ciertas reservas. Por su parte, la extinta PGR desistió de presentar más pruebas en el proceso y el caso quedó archivado.
EPN asegura que aclarará patrimonio
Por la tarde, a través de sus redes sociales, el exgobernador del Estado de México, quien evita apariciones públicas, respondió a las acusaciones: “estoy cierto que antes las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”, se lee en la publicación.
Peña Nieto estaba siendo investigado desde 2020 cuando el gobierno federal ordenó a unos 50 bancos en México proporcionar información de cuentas y movimientos financieros del expresidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio, así como de los principales exfuncionarios de su administración, sus hijos y Angélica Rivera Hurtado.
Robles y Lozoya, exfuncionarios de EPN, encarcelados
Desde 2019, la justicia mexicana estrechó el cerco sobre el exmandatario, encarcelando a dos exfuncionarios de su gabinete e investigando a varios más.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, fue detenido en España en 2020 y señalado como operador de la recepción de sobornos de Odebrecht y la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
En enero del 2021, su defensa negoció que llevara sus proceso en libertad a cambio de participar como testigo colaborado de la FGR.
Sin embargo, después de la difusión de un video donde se le exhibió comiendo en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, la Fiscalía canceló el acuerdo y solicitó enviarlo a prisión preventiva, donde se encuentra hasta el momento.
Rosario Robles Berlanga fue detenida en 2019 por ejercicio indebido del servicio público cuando encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Bienestar) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Permanece presa en el penal de Santa Martha Acatitla, donde enfrenta su proceso por ser omisa ante el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario desde las dependencias que encabezó. A la fecha, la FGR no ha llegado a un acuerdo con la defensa de esta exfuncionaria para que colabore.
Por su parte, Luis Videgaray, canciller y secretario de Hacienda durante el mandato de Peña Nieto, fue inhabilitado, en agosto de 2021, por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ejercer cargos públicos durante 10 años, como sanción por presuntas faltas a la verdad en sus declaraciones patrimoniales.
Videgaray omitió declarar los saldos de cuentas bancarias entre 2015 y 2017, lo que es una falta administrativa grave, de acuerdo con la SFP.
A la fecha, la FGR, que inició operaciones en 2019, no ha conseguido sentencia alguna en los casos emblemáticos de corrupción en sexenios pasados. Tampoco ha logrado mantener sus acuerdos de cooperación con algunos testigos clave, como Lozoya Austin. Por ello, incluso el presidente López Obrador ha pedido a Gertz Manero que dé celeridad a las investigaciones que la FGR va acumulando.
Edición y corrección: LPR
