El pleno de la SCJN invalidó nueve artículos de la Ley de Educación de Puebla aprobada el 15 mayo de 2020 debido a que no se realizó una consulta previa a pueblos indígenas, afroamericanos y personas con discapacidad; el Congreso local tendrá 18 meses para hacer este proceso.
Lo anterior, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizada de manera virtual este martes, en la que se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 131/2020 y 186/2020 promovidas por diputados locales de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La ponencia, que fue aprobada por unanimidad de los 11 ministros, fue presentada por Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso invalidar los artículos 44 al 46 del capítulo VI “De la educación indígena” y los artículos 51 al 56 del capítulo VIII de “De la educación inclusiva’ contenidos en el Título Segundo de dicha ley.
En su intervención, señaló que no se llevó a cabo la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, así como a las personas con discapacidad, pues la legislación se emitió sin tomarlos en cuenta, siendo sectores que históricamente han sido discriminados e ignorados.
Manifestó que una vez que sea notificado, el Poder Legislativo local tendrá 18 meses para llevar a cabo los parámetros para realizar dicho ejercicio a estos grupos, además de que dentro de ese plazo se deberá emitir la regulación correspondiente.
Le dan al Congreso local 18 meses
Esto, porque explicó que la consulta no debe limitarse a los artículos declarados como inconstitucionales, sino que tiene que ser de carácter abierto para otorgar la posibilidad de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación de los grupos involucrados.
“Se propone que la invalidez de estas normas surta efectos hasta que venza el plazo de los 18 meses que se contempla para que se legisle en materia de educación indígena e inclusiva”, expresó el ministro.
Es necesario precisar que uno de los argumentos que establecieron los diputados de oposición para promover la acción de inconstitucionalidad es que no hubo prácticas como parlamento abierto con la sociedad, ni participación de los padres de familia y que el Congreso local debió enriquecer la ley con opiniones, no transcribir “ciegamente la versión enviada por el Ejecutivo estatal”.
