Tras la nueva sesión del Consejo Universitario (CU) de la BUAP, donde se avaló la convocatoria para elección a rector de la BUAP, los aspirantes al cargo Guadalupe Grajales y Porras y Francisco Vélez Pliego insistieron en que el órgano, al ser extemporáneo, carece de legalidad.
En entrevista con Ángulo 7, la exsecretaria general Grajales y Porras afirmó que el CU está caduco, pues los consejeros actuales fueron nombrados para un periodo de dos años, sin embargo, su mandato se extiende hasta a la fecha, aunque debió ser en marzo el cambio de miembros del máximo órgano de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Por lo anterior, resaltó que lo aprobado el miércoles por esta “reunión de personas” está fuera de la ley e incluso aseguró que la convocatoria emitida es ilegal.
Reprobó que se haya establecido que los sectores estudiantiles sean representados por los directores de unidades académicas en caso de que el alumno egrese, por lo que acusó una usurpación de funciones, siendo que el cargo es “personal e intransferible”.
Sostuvo que se viola la Ley de la BUAP, expedida por el Congreso local, pues el CU caduco se adjudicó la facultad de autonombrarse, siendo que debe ser el rector quien lance la convocatoria para nombrar consejeros, pero los miembros priorizan la renovación rectoral.
Un engaño amparo, dice
Grajales Y Porras calificó como “un engaño” la exposición del rector Alfonso Esparza Ortiz del desechamiento de un juicio de amparo, en plena sesión del CU, previo a que se anunciara el proceso de convocatoria a sucederlo.
La maestra en filosofía afirmó que la autoridad se limitó a dar cuenta del asunto jurídico, sin que el recurso se haya agotado, pues aún se podría poner queja y el desechamiento no conlleva una legalidad a los actuales miembros del consejo.
“El engaño, el uso y la manipulación que se hace del desechamiento de un amparo, el rector así lo dijo, incluso que había trasladado la sesión del consejo, que ya no es consejo, es una reunión de personas (…) Como si esto implicara automáticamente que las decisiones son legales o que el mismo consejo es legal”, declaró.
La aspirante sostuvo que agotará los recursos legales para evidenciar las aparentes ilegalidades en la universidad, por lo que dijo que se mantendrá “en la línea”, de manera que no desiste de su intención en ser candidata a la rectoría.
Persiste ilegalidad
Por su parte, Vélez Pliego, exdirector del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (Icsyh), afirmó que la aprobación de la convocatoria contraviene el estatuto “de distintas maneras”, por lo que acusó la universidad se mantiene en una ilegalidad al no renovar a su órgano de gobierno.
Puso en duda la existencia del amparo que se tramitó en contra de la extensión que se concedió el CU, al asegurar que no se dio la información correspondiente, pues Esparza Ortiz se limitó a informar su no procedencia.
Vélez Pliego indicó que este tema no solo compete a la universidad, pues ve una “ruptura de la legalidad” pues teme que la BUAP pierda certeza jurídica y una inestabilidad en su gobernabilidad o alguna otra instancia ponga en duda el actuar de la máxima casa de estudios.
Adelantó que será en próximos días cuando dé a conocer si contenderá por el puesto, pues anteriormente comentó a este medio que participar en la elección rectoral sería “validar una ilegalidad”, por la extensión del Consejo Universitario.
