Elementos de la Policía Estatal de Puebla suspendidos en octubre de 2020 por participar en los paros laborales para exigir aumentos salariales y seguros de vida recordaron que siguen en dicha situación, pese a que se acordó que no habría represalias y señalaron que temen por su integridad física y la de sus familias.
En rueda de prensa, acusaron que son 16 —y no sólo 12— oficiales los que fueron suspendidos, pese a que en el convenio firmado el 4 de junio del año pasado, cuando se determinó un aumento salarial del 20 por ciento para los policías, hay una cláusula, la 6, que estipula que no habría acción legal o administrativa en contra de los que participaron en la manifestación.
Ante dichas acciones, afirmaron que el área de asuntos internos de la corporación es “juez y parte por orden del señor secretario de Seguridad Pública” (SSP), Raciel López Salazar, por lo que se dijeron reprimidos por haber solicitado mejores condiciones laborales.
En ese sentido, afirmaron que las autoridades y la SSP, entre ellos, Ardelio Vargas Fosado, asesor del gobierno estatal -quien participó en la mesa de negociación-, así como el jefe del estado mayor policial, Sergio Iván Cruz Ledesma y la licenciada Karla Morales Aguilar, exsubsecretaria de Desarrollo Institucional incumplieron con el acuerdo.
El pasado agosto, en medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, policías estatales acusaron que, pese al incremento salarial, las autoridades no les brindaban insumos para protegerse contra el Covid-19, que también había sido un acuerdo al que llegaron tras el paro.
Y es que explicaron que, a casi tres meses de firmar el acuerdo, no habían recibido cubrebocas, gel antibacterial, ni sanitizantes para limpiar sus patrullas por lo que ellos debían cubrir esos gastos, pese a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) los señalaba como entre los peores pagados.
