De marzo de 2020 a septiembre de 2021, suman 169 mil 500 menores que quedaron en condición de orfandad por la muertes de sus cuidadores primarios (madre, padre o abuelos) a causa de Covid-19, lo coloca al país en tercer sitio mundial.
Así lo muestran los datos presentados en el informe “La orfandad ocasionada por la pandemia”, elaborado por Carla Angélica Gómez Macfarland y publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 22 de septiembre de 2021, la autora calcula el número de menores que experimentaron la muerte de sus cuidadores primarios desde el inicio de la pandemia en los 10 países con las mayores cifras de decesos.
De esta manera, México se coloca en el tercer puesto a nivel mundial, detrás de Brasil y la India.
También se destaca que, por cada 100 muertes por Covid, hay 90 niñas y niños con pérdidas de cuidadores (primarios o secundarios), evidencia que la contención y el apoyo familiar en nuestro país es básico.
El estudio recuerda que los cuidados de menores de edad dependen, en varios casos, de las abuelas y abuelos, por lo que las personas de la tercera edad han sido un pilar fundamental para que padres y madres de familia tengan la posibilidad de dedicarse a diferentes actividades económicas.
Apoyos a menores en orfandad
Entre las acciones para apoyar a los menores de edad que experimentaron la muerte de cuidadores primarios, el estudio recuerda que, en noviembre de 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y el DIF nacional firmaron un convenio para dar acceso prioritario a becas a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia.
Como resultado de esta acción gubernamental, en la Ciudad de México se decidió otorgar apoyo financiero mensual de 823 pesos a través de la Beca Leona Vicario y a nivel federal, un apoyo de 800 pesos mensuales a través de la beca Benito Juárez.
En el plano legislativo, menciona la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila presentada el 6 de mayo de 2021 para reformar las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y General de Educación. El dictamen está pendiente en comisiones.
El objetivo es que los tres niveles de gobierno implementen medidas y protocolos específicos para garantizar su protección integral y recuperación física y psicológica en el ejercicio pleno de los derechos de los menores, así como proporcionarles becas en todos los niveles de educación.
