Luego de que se dio a conocer que la FGR solicitó a la Interpol una ficha roja para localizar y detener a seis miembros de la familia Jenkins de Landa y tres abogados, la Fundación Jenkins afirmó que no hay evidencia de que esto sea verídico y acusó difamación.
Y es que, este lunes trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la organización internacional una ficha roja para localizar a Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto, Juan Guillermo Eustace, Margarita, Juan Carlos y Elodia Jenkins de Landa en más de 190 países, así como tres de sus abogados, acusado de lavado de dinero y fraude.
Sin embargo, más tarde, la Fundación Mary Street Jenkins desmintió dicha versión, al afirmar que “no hay evidencia de que tal información sea verídica”.
En ese sentido, señaló que será la Interpol precisar la veracidad de dicha información, al tiempo de acusar que hay una intención difamatoria para desviar la atención de la opinión pública sobre el desacato de la orden para devolver las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) “ilícitamente tomadas por el estado”.
Exigen regresas campus Udlap
Asimismo, exigió cumplir la suspensión que ordenó un juez federal para devolver el campus de la Udlap, propiedad de la Fundación Jenkins, tomado desde el pasado 29 de junio por policías estatales.
Es necesario señalar que los Jenkins están acusados de desviar 720 millones de dólares de la fundación, por lo que en marzo pasado se dio a conocer que había una orden de aprehensión en su contra.
Por su parte, tras la toma del campus inició un pleito legal entre autoridades estatales y la fundación para tomar el control de la universidad e incluso se giró una orden de aprehensión en contra de el rector de la universidad, Luis Ernesto Derbez Bautista, quien pidió licencia a su cargo para enfrentar la acusación.
Tras esto, la Fundación Jenkins nombró rectora interna a Cecilia Anaya Berríos, pero el nuevo patronato acusó que la asignación no tiene validez porque los miembros del patronato anterior fueron removidos y no tienen facultades para nombrar o remover a funcionarios de la universidad.
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