Tres años han transcurrido desde la alternancia política que llevó a Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de México, a la mayoría de Morena a la Cámara de Diputados y a que ese partido gobernara varios estados del país.
A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) actuó de forma imparcial y reconoció el triunfo de las autoridades que hoy gobiernan, el organismo autónomo ha sufrido embates en su contra desde el inicio de este sexenio que no solo se han mantenido sino agudizado de las formas más peligrosas.
En principio llegó el anuncio sobre la posibilidad de una nueva reforma electoral para reducir el tamaño del instituto, que cuenta actualmente con 32 consejeros locales, 500 distritales, así como Órganos Públicos Locales Electorales (Oples).
Vino después la iniciativa por parte de Morena para hacer rotativa la presidencia y terminar así con antelación el periodo de Lorenzo Córdova. Las más recientes fueron los recortes presupuestales, ya materializados en 2020 y 2021, poniendo en riesgo el proceso electoral.
La última estocada ha sido la deslegitimación del presidente de México hacia la decisión del INE de cancelar la candidatura por la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, no por las presuntas acusaciones de abuso sexual, sino por no presentar su reporte de gastos de precampaña, calificando el hecho como un “atentado a la democracia”, a pesar de que el INE cumplió la Ley.
Sin embargo, lo más grave fue la reacción días antes de la resolución del excandidato de Morena, quien en un mitin amenazó de muerte e incitó violencia hacia Lorenzo Córdova y siete consejeros más del Instituto, hecho que quedó grabado en videos que se difundieron en redes sociales, situación que amerita hasta 7 años de prisión, de acuerdo con el artículo 131 del Código Penal Federal.
Así ha sido el trato que ha dado Morena al árbitro de las elecciones, que en sus 30 años de existencia ha perfeccionado sus procesos, para que, en 2018 existiera una gran alternancia política que jugó bajo reglas democráticas que hoy no quiere respetar.
En el caso de las amenazas en contra de los consejeros y del presidente del INE existen denuncias interpuestas en contra del excandidato, que de resultar culpable tendrá que responder ante la justicia y los mexicanos que buscan procesos electorales en paz.
Estamos a unas semanas del 6 de junio y la amenaza en contra del instituto aún persiste; sin embargo, la defensa de los ciudadanos hacia los organismos autónomos los mantendrá fuertes y consolidados con miras a proteger el orden democrático que hoy se encuentra en riesgo.
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