El misterio de las cuotas de Titi y Marcos Castro
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que con la novedad de que la fórmula de Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Marcos Castro Martínez podría perder por default las elecciones internas para la renovación del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, previstas para el domingo 14 de noviembre.
Aunque ambos pudieron registrarse como candidatos a la presidencia y Secretaría General con una carta de no adeudos de cuotas que les expidió Jesús Salvador Zaldívar Benavides, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN capitalino, lo cierto es que tanto Augusta Díaz de Rivera como Marcos Castro figuran en la lista de militantes morosos ante el CDE y el Comité Ejecutivo Nacional. (CEN).
Lo que sucede es que ambos sí liquidaron en efectivo las cuotas que debían ante el tesorero del CDM, Rafael Guzmán Hernández, por un monto global de 530 mil pesos, pero éstas no se han podido depositar a las cuentas oficiales del partido, ni registrarse contablemente.
El Comité Municipal pretendía abrir una cuenta bancaria con esas aportaciones, pero la Tesorería del CEN del PAN le negó esa posibilidad, ya que de conformidad con el artículo 79 de los estatutos generales del partido, solo las tesorerías estatales pueden recibir esos recursos considerados como financiamiento privado.
Así consta en un oficio enviado por el contralor del CEN del PAN, José Luis Puente Canchola, al tesorero del Comité Municipal, en el que le advierte, además, que por esa situación, contraria a la normatividad interna del partido y al artículo 96 del Reglamento de Fiscalización del IEE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o el INE podrían sancionar a Acción Nacional con 1 millón 60 mil pesos.
Quecholac camina a tener dos presidentes municipales en la cárcel
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la comunidad de Quecholac, gravemente tocada por el crimen organizado, ha entrado en una espiral de inestabilidad que podría llevar a que en breve tenga la peculiaridad de tener a dos presidentes municipales en la cárcel, al tiempo que esa región sigue siendo el centro de operación del principal líder huachicolero en el estado, Antonio Valente Martínez, alias El Toñín.
Hasta la noche del jueves de la semana pasada había la zozobra de que, al otro día, Quecholac podía entrar a una etapa de ingobernabilidad, pues se decía que no se iba a presentar a rendir protesta José Luis Peregrina Flores, el edil suplente de ese municipio, por el temor de que antes y después de la ceremonia de unción fuera detenido por autoridades ministeriales.
Se dice que se montó un fuerte dispositivo de docenas “halcones” –que son jóvenes adiestrados para alertar de la presencia del Ejército o cuerpos policiacos–, que a bordo de autos, motocicletas o en las azoteas de viviendas, se dedicaron a revisar que no hubiera algún movimiento extraño que advirtiera algún intento de incursión de las autoridades ministeriales.
Regresa el represor de San Andrés
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el gobernador Luis Miguel Barbosa devolvió a los pueblos originarios de San Andrés Cholula la zona expropiada por el morenovallismo, pero el nuevo gobierno panista de Edmundo Tlatlehui les regresó al represor, una semana después.
Sí, el alcalde designó como secretario de Seguridad Pública a Humberto Rivera García, quien en el 2014 comandó la persecución, despojo, ejecución de órdenes de aprehensión contra los poblanos que se opusieron a la afectación de la zona monumental de San Andrés Cholula por parte del entonces mandatario Rafael Moreno Valle.
Rivera García fue el brazo ejecutor del también corrupto edil panista Leoncio Paisano para impedir protestas en 2014.
“Calladitos se ven mas bonitos”, les decía a los pobladores que se oponían a los actos de represión.
Seguro que el edil Tlatlehui ignoró las palabras del gobernador Barbosa, quien pidió a los habitantes “defender su territorio que es herencia de sus antepasados, de origen indígena y poner sus tierras ajenas a cualquier especulación mercantil.
Heridas abiertas
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que no, Eduardo Rivera no olvida la persecución política de la que fue objeto por parte de Rafael Moreno Valle y su grupo.
Al mencionarla en su discurso de toma de protesta como presidente municipal, dejó evidencia muy clara de que el tema sigue más vivo que nunca y que le duele tanto como el primer día.
Lo interesante ahora, será el ver cómo va actuar en consecuencia.
Rivera es ya edil de la capital y no se la debe a nadie.
Mucho menos a quienes en su momento fueron discípulos del ex gobernador poblano.
Los amargos chocolates de AMLO
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que este martes 19 de octubre entrará en vigor el decreto que firmó López Obrador para que sean “legalizados” los autos chocolate, hecho que generará una afectación enorme al sector automotriz, empeorará la calidad del aire en México y chatarrizará al país.
La estrategia no es nueva y eso nos permite saber que los vehículos que se legalicen en la frontera norte, como establece el decreto, circularán por todo el país, convirtiéndose en poco tiempo en un problema mayúsculo.
Al daño ambiental que se causará con la circulación de estos vehículos, se debe sumar la gran afectación que tendrá la industria automotriz, de la cual Puebla tiene una enorme dependencia tanto por Volkswagen y Audi, como por las proveedoras.
