Más cambios en el gabinete: el próximo en salir podría ser Juan Daniel Gámez
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que a principios de marzo, el secretario de Infraestructura del estado, Juan Daniel Gámez Murillo, recibió en su oficina del tercer piso del CIS, Edificio Sur, a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, quien hizo de su conocimiento un desvío de recursos públicos cometido por un subordinado suyo desde que llegó al gobierno del estado como director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
La contralora puso en sus manos un amplio informe que documentaba las irregularidades en que habría incurrido Ricardo García Flores, a quien el arquitecto Gámez nombró encargado de despacho de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura.
Ese mismo día, al terminar de leer el informe, Gámez Murillo mandó a llamar a su queridísimo amigo, le mostró la evidencia presentada por la secretaria de la Función Pública y le pidió su renuncia inmediata.
Para entonces las oficinas del tercer piso se llenaron de auditores y de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar la documentación y los equipos de cómputo de la Unidad de Administración y Finanzas.
Desde ese día de marzo Juan Daniel Gámez dejó de mandar en la dependencia. Sigue como titular, pero el poder se transfirió a la subsecretaria de Infraestructura, la arquitecta María Sara Pedraza López, a quien también le encargaron la Unida de Administración y Finanzas.
La tormenta perfecta
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que hasta la postulación del candidato en Morena, Claudia Rivera Vivanco había calculado de manera quirúrgica los movimientos que tenía que hacer en ese partido para pelear por la reelección en la contienda de presidente municipal de Puebla, pero no anticipó o no pudo desactivar las previsibles reacciones del gobernador Miguel Barbosa, que hoy se encuentra convertido en su principal opositor.
Con la ayuda de dirigentes locales y nacionales en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, la edil con licencia maniobró sin contratiempos en la contienda interna, siempre segura de dejar en el camino a Gabriel Biestro Medinilla, como al final ocurrió, con todo y que este contara con el respaldo político del mandatario estatal.
A nivel local, Edgar Garmendia, Carlos Evangelista y Aristóteles Belmont se transformaron en la tríada responsable de allanar la ruta para la nueva postulación de Rivera Vivanco.
Los tres fueron encomendados para formalizar la nominación pese a la resistencia de Biestro y sus aliados, incapaces durante dos años, 2019 y 2020, de hacerse de la presidencia del partido a través de uno de sus alfiles, en quien se depositaron muy altas expectativas al comienzo de la administración, Eric Cotoñeto Carmona.
Tan confiada estaba Claudia Rivera en conseguir su segunda candidatura al hilo que rechazó inscribirse para competir por una diputación federal, como se lo sugirieron algunos de sus colaboradores.
Giles e Izcoa ponen en riesgo el frágil equilibrio entre AC y el PAN
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que tres importantes panistas, Jesús Giles Carmona, Sandra Izcoa Reyes y Genoveva Huerta Villegas, están poniendo en riesgo el frágil equilibrio que existe entre la organización Antorcha Campesina (AC) y el Partido Acción Nacional, que se vieron forzados a aliarse en el actual proceso electoral, pero que tienen un largo antecedente de verse ambas agrupaciones con recelo, con marcadas diferencias ideológicas e intereses encontrados.
El punto de ruptura es la disputa de la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan y por ende, el control del municipio que camina a tener la mayor plusvalía inmobiliaria en el estado, por la expansión de Lomas de Angelópolis y otros desarrollos de viviendas, plazas comerciales, edificios corporativos, escuelas privadas y clubes deportivos sobre territorio ocoyuquence.
Antorcha Campesina lleva muchos años con el dominio de la presidencia municipal de Ocoyucan, con grupos locales del municipio; en cambio el PAN está en su tercer intento de buscar quedarse con la alcaldía de ese lugar, con personajes ajenos a la comunidad, como es el caso de Jesús Giles Cormona, exdirigente estatal del albiazul y actual candidato a edil.
Debatitis, otro yerro electoral
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la polémica por el debate a la alcaldía de Puebla no es imputable a los candidatos/as, sino a la autoridad electoral.
El problema se registró desde que el Consejo Municipal Electoral cometió varias irregularidades.
Desde que recibió la solicitud del equipo de Claudia Rivera Vivanco en violación a lo que marcan los lineamientos de debates: sin sellos de recibido (fuera de tiempos de fechas).
Luego, se presentó y aceptó otro oficio ya corregida la anomalía, pero no se informó a unos partidos, a otros se les señaló que habría debate con diferentes fechas.
Tampoco se comunicó a consejeros ni a representantes de los partidos políticos hasta declararse el Consejo Municipal incompetente.
La nueva retórica del fraude
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que en tiempos de la 4T, la narrativa del fraude se da desde lo más alto del poder político, no desde las filas de la oposición.
Como en ningún tiempo pasado, como en ningún lugar del mundo.
Antes, se acusaba a los gobernantes en turno y al partido en el poder de tener sometidos a los órganos encargados de la organización y calificación de los procesos electorales, en aras de mantener el status quo mantenerse en la hegemonía nacional.
Lo anterior, debido al control absoluto de todo lo que tuviera que ver con la vida pública del país y los millonarios recursos públicos que se destinaban para este fin.
Hoy es al revés.
Debatir o no debatir, he ahí el dilema
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que cuando faltan 10 días para que acudamos a las urnas para elegir al próximo presidente municipal, los poblanos seguimos sin tener claro si habrá o no un debate entre los ocho aspirantes a gobernar la capital.
Ya lo pidió el gobernador, los empresarios, los universitarios y hasta la mayoría de quienes pretenden dirigir la ciudad por los próximos tres años, pero en el Instituto Electoral del Estado continúa el estire y afloje.
Al margen de lo que marque la ley, todos deberíamos trabajar para hacer más ágiles estos encuentros que si bien no son obligatorios, sí resultan relevantes para la decisión ciudadana.
En un debate, idealmente, podemos conocer las diferencias y coincidencias entre las y los candidatos sobre los temas que realmente nos preocupan: la seguridad, los servicios públicos y hasta la corrupción.
Y lograr que este se lleve a cabo debería ser más un tema de voluntades que de complicaciones. Más un tema de exponer ideas que de marketing y estrategia.
