Vacunas: monopolio vs equidad// acaparan 95% 10 países // El país no pierde; habrá para todos
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que mucho ruido ha generado el anuncio presidencial de que México acepta ceder dosis de Pfizer a países más pobres, para que después ese mismo laboratorio nos las reponga. Ello no sólo en respuesta solidaria a la vergonzosa concentración de vacunas en unos cuantos países (34 por ciento del total está en manos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, más los integrantes de la Comunidad Europea) y a la situación de pobreza en buena parte de la comunidad de naciones, sino como muestra de congruencia.
En la mañanera de ayer, López Obrador lo detalló: el gobierno de México presentó una resolución en la Organización de Naciones Unidas para evitar el acaparamiento, porque hay países que no tienen posibilidad económica de adquirir vacunas y hay mucha pobreza en el mundo. Entonces, tenemos que caminar parejos, ser solidarios. Esa resolución fue aprobada casi por unanimidad; entonces, ahora que la ONU está planteando a Pfizer que quiere que le entregue más vacunas, nosotros no podemos decir: no estamos de acuerdo, porque sería injusto, inhumano y contradictorio.
Pero no sólo eso, porque Pfizer está replanteando sus entregas. Se tenía contemplado que para mañana iban a llegar otras 400 mil dosis, pero las quiere limitar a la mitad. Esto lo hacen en todo el mundo, porque la ONU les está demandando que entreguen vacunas para que la propia organización pueda ofrecerlas a países que tienen más dificultad para tenerlas. Por eso Pfizer está reduciendo la entrega.
Ricardo Anaya, el (otro) exonerado
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el miércoles 28 de noviembre de 2018, el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, de la Procuraduría General de la República), Alonso Israel Lira Salas, emitió un resolutivo que no declaraba inocencia alguna de Ricardo Anaya Cortés, quien ese año había sido candidato presidencial a nombre del Partido Acción Nacional, pero sí establecía, respecto a la larga y muy mediática acusación de negocios oscuros en la compraventa de una nave industrial en Querétaro (por casi tres millones de dólares, conforme a la paridad de la fecha), que “no existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
A dos días de dejar el poder, la maquinaria peñista que tuvo a raya a Anaya Cortés a lo largo de la campaña presidencial 2018 decidió otorgarle al panista una especie de perdón bamboleante y estigmatizante que le permitiera pasar navidad en relativa paz: “la denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso; por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”, estableció el subprocurador Lira Salas.
Del tema se habló aquí el 17 de mayo de 2019, en una columna titulada “Ricardo Anaya, perdonado” (https://bit.ly/38TGTT4 ), a cuyo final se establecía: “Planteado conforme lo acomodó la corrupta y manipulable realidad institucional del México peñista: Anaya Cortés es inocente por cuanto la PGR se desistió de seguir con el asunto, pero la nave industrial queretana fue entregada a la PGR como parte de un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda por parte de la empresa fantasma usada para las triangulaciones de Anaya Cortés.”
Anaya, ¿tras los pasos de AMLO?
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el anuncio sorpresivo y adelantado de Ricardo Anaya, de que buscará volver a ser candidato a la Presidencia de la República en el 2024 y que para ello renuncia a ser candidato al Congreso y se dedicará “a recorrer todo el país para estar en contacto con la gente y escuchar personalmente sus necesidades”, no es para nada una decisión original y mucho menos inédita para un político mexicano. A querer o no, el político panista optó por una estrategia que ya, antes que él, siguieron otros políticos en México, los más recientes y sobresalientes: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. El primero sin éxito y al segundo lo llevó después de 12 años y tres campañas a la Presidencia de la República.
Al igual que en su momento lo hiciera el ahora Presidente, Anaya Cortés rechaza ser diputado federal por su partido, con lo que renuncia a hacer política institucional y se niega a estar, en su caso por segunda ocasión –ya fue legislador federal de 2012 a 2015– con otros 499 pares en el Congreso de la Unión. Con esa decisión que puede parecer autocrática, el excandidato presidencial panista rechaza la posibilidad de convertirse en un congresista incómodo para el actual Presidente y, en lugar de debate parlamentario y el foro que le hubiera dado la máxima tribuna legislativa, prefiere seguir los pasos y el modelo del lopezobradorismo, de emprender una larga campaña de tierra y de contacto popular por todo el país aunque, vale decir, sin tener el mismo carisma del tabasqueño.
López Obrador rechazó en dos ocasiones, en las elecciones intermedias de 2009 y 2015, ser candidato a la Cámara de Diputados, a pesar de la insistencia con que se lo ofrecieron en la primera ocasión los líderes del PRD, en ese tiempo el grupo de “Los Chuchos”, que le pedían liderar la bancada perredista en aquella Legislatura, y la segunda vez ya por su partido Morena. “No quiero ser diputado porque es un cargo que está desprestigiado y tiene mala imagen ante la gente”, decía entonces Andrés Manuel que despreciaba al Poder Legislativo y prefería apostar siempre por la autoridad unipersonal de la Presidencia.
