Cartas a Gracia
El pasado 9 de diciembre, hace tan solo 12 días Gracia, la Cámara de Diputados aprobaría el dictamen del proyecto de decreto por el que se reformaría “la fracción VIII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”; propuesta que pasaría “al Senado de la República para sus efectos constitucionales”, y que fuera elaborado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Los argumentos vertidos por las y los integrantes de esta legislación no dejarían duda sobre el asunto en particular. Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada en funciones, reconocería a Verónica Juárez y Claudia Domínguez, ambas ex diputadas federales, como “madres” -término propio- de una iniciativa que transitaría de la legislatura anterior a la presente, lo mismo que a Rosalba Valencia Cruz quien presidía la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y a la que reconociera una gran capacidad de gestión para instalar un “parlamento abierto” favorable a la propuesta.
Ana Lilia resumiría el meollo del dictamen que “establece la prohibición de la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en las instituciones educativas de educación básica, así como la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos al interior de dichas instituciones”, Gracia. Más claro ni el agua. La propia legisladora definiría a la obesidad y al sobrepeso como “enfermedades crónicas” citando a la Organización de la Salud y, abundaría, señalando que el 75 por ciento de las y los adultos las padece en nuestro país y que México ocupa el segundo lugar considerando la “tasa más alta de obesidad, entre los miembros de la OCDE”.
Y si se tratara de flagelarnos con la realidad, la representante del Institucional, remarcaría con otros datos “más allá del peso, se presentan 150 mil defunciones por diabetes al año y de, continuar con esta tendencia para 2030, más de 17 millones de personas van a presentar esta enfermedad”. Citando como fuente a la Facultad de Medicina de la UNAM, nos abrumaría aún más: “el 38 por ciento de las niñas, niños y adolescentes en edad preescolar (escolar) presentan obesidad” y posiblemente de su cosecha, nos pondría a temblar: “7 de cada 10 defunciones por Covid se derivaron de alguna enfermedad relacionada con el sobrepeso o la obesidad“; Rocío Banquels agudizaría las preocupaciones señalando, sin citar la fuente, que “se han estimado en México que el 6 por ciento, 28 por ciento y 62 de los casos de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, respectivamente, son atribuibles a factores de riesgo dietético” lo mismo que a una alimentación deficiente, abusando de la ingesta de “carnes rojas, carnes procesadas y bebidas azucaradas”.
Anzaldo no solo haría un diagnóstico fundado en cifras duras Gracia, también demandaría que, en uso de sus facultades, aprobaran el presupuesto requerido para combatir a esas enfermedades y, de la misma forma, vigilaran el correcto uso de los mismos y se pronunciaría en contra del recorte presupuestal a Liconsa y la desaparición de “los comedores comunitarios, las estancias infantiles” y las escuelas de tiempo completo.
Algo grave pasa que la sociedad mexicana no logra revertir enfermedades que se han vuelto recurrentes y que afectan la salud de todas y todos; pero que, cuando se perjudican a niñas, niños, adolescentes y jóvenes se vuelven dramáticas. Tan es así que las prohibiciones legislativas se incrementan, pero a pesar de ello los indicadores en materia de salud, no mejoran. Críticos como las agrupaciones sociales verbigracia: el Poder del Consumidor y Ridim (https://bit.ly/3GNONeC), dos días después de la aprobación del dictamen en comento, acusarían a las escuelas de ser fábrica de obesos, ignorando que la reclusión obligatoria incrementaría enfermedades como las que ellos dicen combatir; tan es así que incluso el combate al sobrepeso y a la obesidad, servirían de justificación para establecer el llamado al regreso a clases presenciales que en agosto del mes pasado hicieran las autoridades.
Las escuelas se convertirían, por obra y gracia de un mal diagnóstico, en los villanos favoritos de la sociedad organizada; ignorando que la educación alimentaria inicia en casa, sitio en la que la dieta y el consumo han variado, favoreciendo la ingesta de alimentos ultra procesados -como los embutidos- y el consumo de otros alimentos chatarra, propiciados también por el cambio en el estilo de vida. Al cambio de la dieta, Gracia, se sumaría la entrega de recursos que madres y padres de familia proporcionan a sus hijas e hijos para que se compren algo en la cooperativa escolar, en lugar de prepararles un almuerzo sano, nutritivo y sabroso.
Reportes de escuelas que atendieran la prohibición reglamentaria que emitieran –en su momento- las secretarías de Salud y de Educación, señalarían que serían padres y madres quienes, a la salida del colegio, complacerían a sus menores comprándoles productos chatarra con vendedores ambulantes que se instalan a las afueras de los colegios, con la anuencia de las autoridades municipales. Padres y madres serían también los responsables de la compra de esos productos, incluidos gansitos, refrescos, chupa chups; productos a los que deberías sumar los dulces artesanales que se expenden sin el etiquetado que obliga la ley y sin omitir que en todo festejo –que no son pocos- giran en torno a los pasteles, hot dogs, papitas, nachos, doritos y otro más; con la justificación de que se consumen una vez al año por cada compañera o compañero que festeja el suyo. El calificativo de fábrica de “obesos” no recaería sobre las tienditas escolares; y que por cierto Gracia, aprovechan un mercado cautivo de las que ellas serían el último eslabón y sí lo merecerían las grandes y medianas empresas dulceras que los fabrican y los comercializan. Empresarios que recurren a cadenas de televisión con gran poder de penetración y de inducción al consumo de la comida chatarra con alto contenido calórico y grasas saturadas; sin embargo, la prohibición en caso de pasar el filtro del Senado debería ir acompañado de la concientización de quienes son los responsables del cuidado de la dieta alimenticia en casa: madres y padres de familia y, por supuesto, de políticas públicas que restablezcan medidas que alienten su mejora, como el restablecimiento del subsidio a la leche Liconsa, los comedores comunitarios, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
No obstante, la obesidad y el sobrepeso que afectan a niñas, niños y adolescentes citadinos, se contrapone con la desnutrición que padece el 25 por ciento de niñas, niños que viven en las zonas suburbanas y en el medio rural como se apunta en la intervención de Anzaldo cuando exige el retorno de políticas públicas que duermen el sueño de los justos.
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