Para favorecer las licitaciones públicas como un mecanismo idóneo de contratación, el gobierno federal las incrementó de 40.6 por ciento en 2020 a 55.3 en 2021; en contraste, redujo las adjudicaciones directas por excepción disminuyeron de 35 a 27.5 por ciento.
Así lo resaltó este miércoles el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la SFP, Eduardo Gurza Curiel, en la mesa de diálogo “Medidas para Combatir la Corrupción en las Contrataciones Públicas”, organizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Añadió que las adjudicaciones directas por montos de actuación se redujeron de 7.3 a 1.5 por ciento.
En el marco de la Semana Internacional contra la Corrupción, Gurza Curiel sostuvo que las compras públicas representan una parte sustancial del dinero de los contribuyentes, por lo que constituyen un ámbito clave de la actividad económica gubernamental que está particularmente expuesto a riesgos de corrupción.
Expuso que existen herramientas que han contribuido a la transparencia y la competencia de mercado en las contrataciones públicas, como son el CompraNet, actualmente en proceso de actualización, y las bitácoras electrónicas de Seguimiento a Obra Pública (Besop) y de Seguimiento a Adquisiciones (Besa), esta última puesta en marcha por la SFP en octubre pasado.
Bitácoras dan seguimiento a contratos de obra y compras
En cuanto a la Besop, señaló que de enero a octubre del presente año ha dado seguimiento a mil 493 contratos por un monto de 108 mil 687 millones de pesos (mdp) y 2 millones 933 mil dólares.
En tanto, en la Besa ya se han registrado 44 contratos con valor igual o mayor a 15 mdp, que suman un monto de 3 mil 452.6 mdp.
Indicó que aún se requiere optimizar las disposiciones legales en la materia, pues se requiere la actualización de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos reglamentos, y expuso que bajo esa premisa en la SFP se están revisando las disposiciones generales y guías para la realización del proceso de fiscalización.
Al moderar la mesa, Gerardo Laveaga Rendón, titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la SFP, subrayó que para el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, un gobierno abierto implica transparencia, rendición de cuentas y la participación crítica y propositiva de la sociedad civil.
LPR
