Desde 2005, un grupo de vecinos de la calle Gasoducto, tramo por donde pasan los ductos de Pemex en San Pablo Xochimehuacan, buscó reubicación consensuada, pero sin tener respuesta de los tres órdenes de gobierno.
Esta calle, compuesta por alrededor de siete cuadras y que tiene más de un kilómetro de largo, es hogar de alrededor de mil familias y que, por debajo, pasa el ducto de gas Cactus-Guadalajara, lugar donde sucedió la explosión el pasado 31 de octubre, lo que provocó que las autoridades prevean la reubicación de los habitantes.
Sin embargo, desde 2005, una comisión de tres vecinos solicitó a la Federación, encabezada por Vicente Fox Quesada; al gobierno estatal de Mario Plutarco Marín Torres; y al ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero, una reubicación que fuera consensuada, pues el municipio buscaba, en ese tiempo, desalojarlos para diciembre de dicho año.
De acuerdo con Hermilo Contreras Hernández, uno de los representante de la comisión, esto comenzó en abril de hace 16 años cuando la administración municipal de Doger Guerrero notificó a las casas que se encontraban sobre los ductos que tenían que retirarse “por la buena o por la fuerza pública”, ya que representaba un riesgo para los habitantes.
El problema, agregó, no era el desalojo, sino la manera en cómo lo querían realizar porque no se tomaba en cuenta las necesidades de los vecinos; “nos querían mandar a una área de 40 metros cuadrados y teníamos que pagar la cantidad de 80 mil pesos, cuando algunas viviendas son de 400 metros cuadrados o más”.
Solicitudes fueron “bateadas”
Esto provocó que los vecinos emitieran una serie de documentos, el primero al gobierno federal en julio, en donde se pedía que la reubicación fuera conforme a “Derecho”, además se explicaba el contexto, en donde resaltó el hecho de que las autoridades municipales de 1885 y 2000 no regularon los asentamientos, sin embargo, este orden afirmó que el asunto “era de competencia” estatal.
Ante esto, el mismo documento fue dirigido al gobierno de Puebla el 1 de agosto, que contestó que el tema sería atendido por Protección Civil (PC); “le informo a usted que dicho acto fue realizado por la unidad operativa de Protección Civil, quien de acuerdo a su ley y reglamento municipal, deberá ventilarse en su área de jurisdicción, motivo por el cual en estos momento no es asunto de mi competencia”, versa la hoja.
Por ello, la petición fue remitida al entonces alcalde Doger Guerrero y la dirección general de Protección Civil municipal del entonces titular Miguel Ángel Martínez Pérez, quienes coincidieron en enviarla con el exdirector de la Unidad Operativa de esta dependencia, Ramón Balderas Ruíz, que negó que la reubicación fuera forzada, logrando que el tema se quedara en el camino sin dar solución a la gran problemática.
Sólo tras la explosión de hace un mes, que dejó cuatro muertes, el tema se retomó 16 años después, “Claro, estoy seguro que aún estarían de acuerdo (en la reubicación), en su momento, habíamos acordado con los vecinos de que si nos llevaban un nuevo lugar, nos dieran lo que tenemos, lo construido, lo que tenemos en los terrenos, que nos pusieran por lo menos servicio de drenaje y luz, y de ahí, a donde nos mandaran”, manifestó Hermilo.
Hoy en día, los vecinos de la calle Gasoducto viven en la incertidumbre de que ocurra un evento similar al del 31 de octubre a causa de la toma clandestina, así como pidieron a autoridades que se logre un acuerdo para ser reubicados.
Mientras, este lunes, el fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, afirmó que antes de que termine 2021, habrá detenidos por el caso.