El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso la creación de una la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en materia de responsabilidades de los servidores públicos, con el fin de castigar a éstos en caso de que haya cometido casos de corrupción.
Lo anterior, como parte de la reforma constitucional que mandó el mandatario poblano al Congreso local este jueves, misma de la que se dio vista durante la sesión ordinaria, a fin de llevar a cabo la reorganización del dicho órgano que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
En el documento, se detalló que con esto se busca que la nueva sala atienda de forma particular los casos de corrupción graves o no, ocurridos dentro del gobierno estatal o de los ayuntamientos.
“Para tal efecto, se plantea la reorganización del Tribunal de Justicia Administrativa en pleno, una sala de jurisdicción especializada, una junta de gobierno y administración y las salas que se determinen por el propio pleno, conforme a la ley, para el mejor despacho de los asuntos que le corresponda”, se lee en la iniciativa.
En la reforma, Barbosa Huerta manifestó que el pleno del tribunal conservará su actual integración y ejercerá la competencia originaria para resolver los conflictos que su susciten entre las administraciones y los particulares.
Mientras que la nueva sala que propone se integrará por tres magistrados, los cuales no integrarán el pleno del TJA, y tendrán “el firme propósito” de fomentar la especialización de la jurisdicción administrativa, garantizar la autonomía e independencia de sus determinaciones.
Para ello, el presidente de la misma deber igual ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), toda vez que dicho órgano “es una fuente pertinente de información”.
Debe aprobarse antes del 15 de diciembre
“La Sala Especializada se enfocará, de manera colegiada, a atender las faltas administrativas, relacionadas al manejo de los recursos, de las responsabilidades que se deriven de los daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal o municipales, así como sobre el patrimonio de los entes públicos”.
También, se establece que la Auditoría Superior del Estado (ASE) podrá promover las acciones que la Sala Especializada defina.
Al respecto, en entrevista, la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla, manifestó que esta reforma deberá aprobarse antes de que concluya el periodo ordinario, es decir, a más tardar el 15 de diciembre, ya que se le tiene que dotar de recursos como parte del Presupuesto de Egresos del 2022.
Tras esto, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
R: DJ
