Luego de que cinco organizaciones civiles acusaron a la CNDH de perseguir a José Martínez Cruz, quien fue director general de la Primera Visitaduría del organismo, éste rechazó las denuncias y señaló que al defensor de DH se le atribuyen conductas contra sus códigos de ética.
Desde el pasado jueves, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Guerrero), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas), y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos acusaron que Martínez Cruz está siendo criminalizado por parte del máximo organismo de derechos humanos del país.
Lo anterior, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impulsa en su contra dos procesos, uno administrativo y otro penal, luego de que en diciembre de 2019 asumió la dirección general de la Primera Visitaduría, pero renunció al cargo en septiembre de 2020, cuando dejó al descubierto diferencias con el secretario ejecutivo, Francisco Estrada Correa, a quien señaló de extralimitarse en sus funciones.
Asimismo, acusó la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ante esto, las organizaciones civiles señalaron preocupación por el actuar de la CNDH, que estaría llevando a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un exfuncionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, además de que se destinarían recursos para dirimir conflictos internos.
En ese sentido, denunciaron un “actuar violatorio en sí mismo de derechos humanos, que constituye una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH” por lo que pidieron tanto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) garantizar los derechos de Martínez Cruz.
CNDH niega acusaciones
Tras las acusaciones, este viernes la CNDH emitió un posicionamiento para negar las acusaciones, aunque omitió dar las razones por las que se le iniciaron los procesos al defensor de derechos humanos.
En un comunicado, afirmó que los procesos administrativo y penal se iniciaron contra Martínez Cruz por tener conductas contrarias a los códigos de ética del organismo, que son sancionables por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no por “el ejercicio de la libertad de expresión”, como se denunció.
Además, señaló que las organizaciones civiles hicieron “eco en falsedades” sobre su trabajo en el caso Ayotzinapa, al tiempo de afirmar que investiga con “imparcialidad y seriedad” las violaciones a derechos humanos cometidos por cualquier autoridad.
En ese sentido, afirmó que, desde que Rosario Piedra Ibarra llegó a la titularidad se han dirigido siete resoluciones a la Sedena, ninguna de ellas relacionadas con hechos que implican a la actual administración federal, de las cuales tres son por violaciones graves, una por desaparición formada, ocurrida en 2017, y dos por detenciones arbitrarias y torturas, en 2009 y 2010.
Finalmente, el organismo afirmó que “ha actuado en total apego a la legalidad, preservando los intereses de la institución y su compromiso con las víctimas”.
E: GDLRP
