El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió una iniciativa al Congreso local para que aquellas personas que tengan un litigio contra la administración estatal no sean contratadas en alguna de las dependencias, ya que obtendrían un doble beneficio, lo cual sería fraude.
El documento, publicado en la página del Congreso local que propone adicionar el tercer párrafo al artículo 9 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público que encabeza el diputado de Morena, Fernando Sánchez Sasia, para su análisis.
Con lo anterior, se plantea que “tratándose del poder Ejecutivo, los servidores públicos encargados de la contratación de trabajadores al servicio del Estado no podrán suscribir contrato alguno con personas que sean parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra del gobierno del estado, sus dependencias y entidades paraestatales”.
De igual forma, contempla adicionar el tercer párrafo a la fracción IV del artículo 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del estado de Puebla.
En esta última reforma, se considera que “en ningún caso procederá la contratación de personal que sea parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra del gobierno del estado, sus dependencias y entidades paraestatales”.
En la iniciativa, se resaltó que “es claro” que un trabajador o servidor público obtiene un doble beneficio en torno a que percibe un salario y a la vez ejerce acciones en contra de la administración, por lo que vulnera los principios que rigen tanto en materia laboral como en el servicio público.
Se busca erradicar vicios de antaño, dice
Asimismo, resaltó que con esto se busca erradicar vicios de antaño, combate la afectación patrimonial y a su vez busca materializar y exaltar en los trabajadores y servidores públicos una conducta de honradez ante la administración estatal.
“El modelo en que se basa el gasto público tiene entre sus principios el de honradez, por lo que quien detenta un empleo en la administración pública no podría estar en la hipótesis de un doble cobro, es decir, el de su empleo y el que obtuviere del litigio que interpuso en contra de su empleado en el caso el gobierno del estado”, se lee en la iniciativa.
En caso de que estas reformas sean avaladas por la comisión y el pleno del Congreso, las Secretarías de Planeación y Finanzas; de Administración y de la Función Pública emitirán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicho decreto, una vez que sea publicado.
