*Por: Dra. Ivonne Tapia Villagómez
La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave de México. La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza. Este fenómeno de escasez de empleo, aunado a las diferencias salariales de México con respecto de nuestro vecino del norte, explica, en gran medida el fenómeno migratorio de mano de obra mexicana a ese país, mismo que no ha disminuido y que ha sido una constante durante muchos años hasta nuestros días. La economía mexicana no ha sido capaz de generar el número total de empleos formales requeridos en ninguno de los últimos quince años. Por ello, podemos inferir que, sin lugar a dudas, hay un déficit acumulado de empleo. Aunado a lo antes mencionado, es importante remitirse a la información referida por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la cual revela que entre los meses de abril de 2020 y junio de 2021 la recuperación económica de México a partir de los efectos producidos por la pandemia del COVID-19, ha sido favorecida, pero a través de la informalidad. De los 12,3 millones de empleos que se crearon a lo largo de este periodo, el 80% de los trabajos fueron recuperados a través de trabajos precarios y sin prestaciones, es decir, no cotizaron a la Seguridad Social, diluyendo de igual manera las posibilidades de bienestar en diversos ámbitos de la vida cotidiana. En México fueron afectadas 2.4 millones de personas y la tasa de desocupación se colocó en 4.2%, 0.6% menos que el 4.8% reportado en el mismo periodo de 2020, según la información otorgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunado a ello, se suma el fenómeno del cierre o reestructuración de empresas teniendo con ello una caída respecto del número de trabajadores subordinados, remunerados y con acceso a prestaciones de ley, aumentando de esta manera el número de trabajadores que por cuenta propia buscan solventar sus necesidades diarias. Si bien a través de emprendimientos han logrado subsistir, es importante poner de manifiesto la ausencia de apoyos gubernamentales que les facilite esta incursión, viéndose mayormente perjudicadas por el desempleo al cierre del sexto mes del año las personas entre 25 y 44 años, mientras que por otro lado los jóvenes de entre 18 a 24 años es el que más ha crecido desde junio de 2020. Otros datos interesantes es que el 7.3 millones trabajan en una empresa o en el gobierno, 5.9 millones en actividades agropecuarias, 2 millones realizan trabajo doméstico remunerado y 1.39 son vendedores ambulantes y 7 de cada 10 desempleados son mujeres. Ante todos estos datos, una de las principales preocupaciones al respecto, es que el empleo no crezca en el sector formal y que los trabajadores se encuentren desprotegidos frente a la ley, además de seguir percibiendo salarios muy bajos que impiden incluso, satisfacer las necesidades más apremiantes, como es el caso de las mujeres, pese a que representan el 57% de los trabajadores informales, perciben un salario mensual promedio de 2,540 pesos, mientras que homólogos masculinos llegan a ganar como media 3,350 pesos mensuales. Siendo conscientes de las cifras antes planteadas, es una realidad que tanto la informalidad como el subempleo han representados salidas alternas para aquellos trabajadores que aún no logran insertarse en el sector formal. Sin embargo, todo ello implica tener niveles cada vez más bajos de bienestar social y que los trabadores deban adaptarse a salarios inferiores o incluso de subsistencia. La informalidad y el subempleo deben ser temas de urgencia para la agenda del gobierno durante los próximos años. La capacidad de la economía mexicana para generar empleos productivos, al menos al mismo ritmo que crece la población en edad laboral, es uno de los principales retos que ha enfrentado el país desde principios de los ochenta. Se puede afirmar, sin duda, que se mantendrá como el principal reto del futuro, si no se reactiva realmente el crecimiento económico y se emplea productivamente la creciente oferta de mano de obra. Será fundamental crear mecanismos de apoyo que generen incentivos para que los trabajadores se dirijan a la formalidad, así como tratar de formalizar las actividades que se encuentran fuera de un marco regulatorio, con la intención de no agravar la pobreza laboral.
*Licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Morelia, Maestra en Dirección por la Universidad Anáhuac del Norte y Doctora en Educación y Desarrollo Organizacional por la Universidad Continente Americano. Actualmente se desempeña como Académica del Departamento de Negocios de la Universidad Iberoamericana Puebla. Es especialista en temas de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional, Emprendimiento Social, Responsabilidad Social Empresarial y Responsabilidad Social Universitaria ante la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas en Contaduría y Administración (Anfeca). Titular de la Línea de Investigación de Ética y Responsabilidad Social del Doctorado en Administración de la Ibero Puebla.
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